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La lucha contra el terrorismo

El PP descarta la cadena perpetua para etarras por ser inconstitucional

Los populares se inclinan por medidas de vigilancia una vez cumplida la pena

"En la interpretación más estricta de la Constitución no cabe la pena de reclusión perpetua. No la vamos a plantear". Tajante se mostró ayer Federico Trillo, responsable de Justicia del PP, después de varios días en los que la posibilidad de abrir ese debate tras la salida en libertad del sanguinario etarra Iñaki de Juana Chaos ha sobrevolado algunas cabezas y tertulias políticas. Los populares descartan, por tanto, pedir la cadena perpetua, pero sí quieren negociar con el Gobierno el endurecimiento de penas y el estudio de "medidas postpena" como las órdenes de alejamiento o la vigilancia de los condenados una vez han quedado libres. "Ésa es una posibilidad: ya se planteó para delitos de pederastia tras el caso Mari Luz", sostiene Trillo.

La semana pasada, tras quedar De Juana en la calle, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó: "Si las leyes permiten que un asesino pueda salir de la cárcel, habrá que cambiar las leyes". De Juana había salido de prisión porque había cumplido su pena; por eso hubo quien interpretó esas declaraciones como una invitación a contemplar la cadena perpetua.

"Ha sido un malentendido", zanjó Federico Trillo ayer en conversación con este periódico. "La reclusión perpetua, aun siendo perfectamente democrática y de hecho vigente en países como Alemania, es, cuanto menos, de dudosa constitucionalidad en España. La Constitución establece que el objetivo de la pena es la reinserción del condenado; según la interpretación más estricta -y también la más pacífica- de ese artículo de la Constitución, no cabe la reclusión perpetua igual que no cabe la pena de muerte. No la vamos a plantear", insistió el diputado, que además es doctor en Derecho.

Esteban González Pons, portavoz del PP, instó por su parte a los partidos a "empezar a preguntarse políticamente qué hacer cuando el terrorista no arrepentido abandona la prisión"; y al Gobierno a "revisar, en la medida en que esté a su alcance, la decisión por la cual De Juana ha podido salir en libertad".

Quien sí planteó la posibilidad de instaurar en España la pena de reclusión perpetua fue el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, partidario de abrir ya el debate para casos como el de De Juana. López abogó, en declaraciones a Europa Press, por "profundizar" en las reformas penales de 2003 para el cumplimiento "eficaz" de las penas; y lamentó que España "hasta ahora siempre ha llegado tarde". "Si De Juana hubiera cometido estos hechos en Italia, Francia o Alemania estaría disfrutando de una cadena perpetua", añadió. Por ello, él apuesta por "ir endureciendo" el marco legislativo español en la línea de estos países "sin ningún tipo de complejos": "Ver, analizar e instaurar cuanto antes estos modelos penales en España".

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recordó que los últimos etarras detenidos, como el jefe del comando Vizcaya Arkaitz Goikoetxea, serán juzgados con un Código Penal mucho más duro que el que se aplicó a De Juana. Goikoetxea tiene 28 años y "saldrá de la cárcel con 68". "Y se le imputará alguna pena más para que no conviva con familiares de víctimas", adelantó.

Máximo, 40 años

- Según el Código Penal actual, la pena máxima a cumplir en España es de 20 años. Con estas excepciones: máximo de 25 años cuando se suman varios delitos y alguno de ellos está castigado con hasta 20 años; máximo de 30 años cuando alguno está castigado con más de 20; y máximo de 40 años cuando dos de ellos están castigados con más de 20 años, o cuando son delitos de terrorismo y alguno está penado con más de 20 años. Con este Código, De Juana hubiera pasado 40 años en prisión (y no 18) por sus 25 asesinatos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 5 de agosto de 2008

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