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Entrevista:JUAN MONTABES | Presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía

"En este momento, el Consejo no tiene reconocida la autoridad"

Lourdes Lucio

Juan Montabes (Jaén, 1959) es catedrático de Ciencia Política y deja el prestigioso Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea) para presidir el Consejo Audiovisual. Su antecesor dimitió por la utilización "mezquina" de la institución y por el enfrentamiento interno entre sus miembros.

Pregunta. ¿Cómo se le ocurre aceptar este puesto?

Respuesta. Los 14 años que he estado en el Capdea hemos consolidado un centro de opinión en Andalucía. El Consejo Audiovisual nace con un impulso institucional muy fuerte al amparo de la reforma del Estatuto. Estamos en la institución más joven del autogobierno de Andalucía y tiene unas dificultades de implantación, las cuales se añaden a que las funciones que se le atribuyen a estas autoridades audiovisuales en Europa no son cómodas para los gobernantes ni para los operadores.

P. Pero a la vista de lo que ha hecho el consejo en tres años ¿para qué sirve?

R. Sólo visitando la página web y viendo la capacidad de respuesta que ha tenido sobre informes... Todas las instituciones en su nacimiento tienen un coste. Pensar que en tres años se deba dar una respuesta inmediata y cambiar el panorama audiovisual es bastante ilusorio. Si nos trazamos como objetivo eso, ni siquiera en los próximos dos años que cumpliría el mandato podríamos verlo satisfecho. El papel que tiene es limitado pero no despreciable. Hablamos de 400 operadores de televisión y de 500 operadores en radio. Es arriesgado y valiente poner en marcha una institución de estas características.

P. Pero disculpe que insista.Usted viene a trabajar a un órgano que tiene mala fama.

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R. En España, en general, la política tiene mala fama. El Parlamento tiene mala fama. En las encuestas se valora por encima a las universidades que a los parlamentos. Ahora, además de eso, se ha situado en la opinión pública unas determinadas informaciones. Pero no es distinto de lo que ha ocurrido con otras instituciones en cuanto al descrédito de la política.

P. En el poco tiempo que lleva, ¿diría que este consejo es independiente o reproduce los comportamientos de los parlamentos?

R. No creo que la independencia esté desvinculada de la política. La independencia está en una forma de actuar y proceder, de manera que no sea la voluntad de organizaciones, operadores o personas las que condicionen la decisión de un órgano colegiado. La mayor cautela para la independencia es la inamovilidad, es decir, que quien te nombra no te puede revocar salvo por las causas legales tasadas. A partir de ese momento, los consejeros no tienen un mandato imperativo. Pero el hecho de coincidir con la posición de un partido en los planteamientos ideológicos, no en la toma de decisiones, no aporta ni resta independencia. A mí no me preocupan tanto los partidos, como los operadores. Creo que hay una mayor salvaguarda respecto a los poderes públicos que con respecto a otras organizaciones.

P. ¿Los informes del Consejo Audiovisual sobre licencias de la TDT además de preceptivos debería ser vinculantes?

R. Creo que deberían ser preceptivos antes de producirse las concesiones y no vinculantes en la decisión, pero tendría que haber también una revisión a posteriori en torno al ejercicio del mismo para alertar de los cambios que se han producido, dejando en suspenso la efectividad durante 15, 20 días o un mes. Sería conveniente.

P. ¿Por qué dice que no debe ser vinculante?

R. Si limitamos el informe a la determinación de concentración y capacidad técnicas de quien propone, pues posiblemente podría tener carácter vinculante, pero si lo ampliamos a todas las condiciones que debe reunir, a la vida y milagros de los operadores que concurren no habría capacidad en un consejo para hacer ese juicio. Estos órganos, además, se basan sobre el reconocimiento de autoridad que tienen y no tanto por el ejercicio del poder.

P. ¿El consejo tiene reconocida esa autoridad?

R. No, en este momento, no.

P. ¿Por qué?

R. A que es una institución joven. El reconocimiento sólo se obtiene de la práctica adecuada y ejemplar y eso se gana con el tiempo. La autoridad social e institucional hay que ganarla, porque no tienes el poder de coerción. Ese es el reto de los consejeros y consejeras.

P. Ustedes emiten expedientes informativos a las cadenas que emiten pornografía en horario protegido, pero sin sanciones.

R. Es cierto que no se han llevado a cabo expedientes sancionadores. Eso ha llevado a que en contacto con la fiscalía sea ésta la que actúen en determinados casos.

P. ¿El consejo debería tener capacidad sancionadora?

R. Creo que sí, debería quedar recogido expresamente más claro en la ley y en el conjunto del ordenamiento jurídico.

P. El PSOE se queja de que el CAA sólo mire el pluralismo en Canal Sur. ¿Qué opina?

R. Es el principal operador y es lógico. Por los niveles de audiencia y cobertura, pero creo que no hay que mirar sólo a Canal Sur. Hay que mirar a Canal Sur por la relevancia que tiene, por su carácter público, por los límites que la Constitución y el Estatuto establecen para los medios de titularidad pública. Pero al mismo tiempo, también he de decir que eso no puede ir en menoscabo de la actividad que el resto de operadores realizan. El criterio es que todos los operadores tienen que tener el mismo listón por el que medir sus actuaciones en cuanto a los contenidos, de exigencia de protección horaria, de legalidad de sus actuaciones, de concentración.

P. El consejero Eduardo Castro dice que en el consejo hay dos raseros: uno para las teles del PSOE y otro para las del PP.

R. Hay una cosa que se llama el no ir en contra de los propios actos: yo no puedo votar en un sentido con respecto a un operador sobre los mismos supuestos de hecho y votar de forma distinta. Uno de mis objetivos es el de trazar unas directrices, unas instrucciones, aprobadas por el propio pleno, por la que entendamos lo qué es pornografía y no lo es, lo que es llamada a la prostitución o lo que no. Y aplicárselas a todos por igual. No podemos interpretar la ley en cada momento. Vamos a tener esas reglas de juego, lo que no se puede en esas reglas es que quepa la duda. Tengo que presumir que se ha actuado con independencia y ecuanimidad con el conjunto de operadores.

Juan Montabes, antes de la entrevista, el pasado jueves en la sede del Consejo Audiovisual.
Juan Montabes, antes de la entrevista, el pasado jueves en la sede del Consejo Audiovisual.ALEJANDRO RUESGA

Las comidas de 2007, legales

Pregunta. Hay denuncias anónimas de existencia de facturas irregulares en comidas. ¿Cómo está la situación?

Respuesta. Las denuncias tienen que ser constatadas por la propia institución. Lo primero que he podido constatar es que todo lo referido al ejercicio de 2007 está regularizado desde hace meses por la Intervención de la Junta de Andalucía y por los propios servicios internos del consejo. Digamos que el año 2007 que entendía que se refería en esas denuncias anónimas tiene el visado de legalidad en el procedimiento contable y administrativo.

P. Las denuncias las cifraban en 23.787 euros. Y ¿respecto a 2008? Las denuncias hablaban de 9.000 euros.

P. En el 2008, he solicitado que se me dé la relación completa de los gastos efectuados en relación con lo aparecido en los medios. Y lo he hecho como presidente, pero también por un escrito que desde hace un mes está presentado por las personas que aparecían relacionadas en los medios de comunicación, solicitando al secretario general que se le facilitase toda la información para contrastar la veracidad. He pedido que se dé trámite a esa solicitud individualizada. Por tanto, lo que yo puedo asegurar es que una vez con el tiempo mínimo necesario para la transparencia, la publicación de los gastos referidos al consejo tendrá que clarificarse. Por el propio nombre de la institución y de los consejeros y consejeras afectadas también, que tendrán todo su derecho a la defensa.

P. Pero han venido aquí los propietarios de dos restaurantes para que les paguen.

R. Eso ocurre en cualquier sitio. Es al hilo de esa alerta que aparece en la opinión pública. Eso es lo que yo quiero determinar, a quién son atribuibles cada uno de los gastos. Pero no voy a entrar en un juicio de valor sobre el uso adecuado o no hasta tener la información completa del montante y la distribución de esos gastos.

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