Interior tiene recibos de pagos a ETA por 400.000 euros realizados este año

La Guardia Civil, bajo la supervisión del juez Baltasar Garzón, se ha empeñado en desentrañar cuáles son los nuevos canales que ha habilitado ETA para extorsionar a empresarios y profesionales y así abastecerse de los recursos suficientes con que mantener activa su maquinaria militar y organizativa. La documentación parcial en papel que tenía en su poder el último número uno de ETA, Francisco Javier Gómez Peña, Thierry, detenido en Burdeos el 20 de mayo, apunta que a principios de este año la banda terrorista ingresó casi 400.000 euros procedentes de diversas empresas vascas.

Por primera vez se difunden nombres de interrogados por abonar el 'impuesto'

Estos papeles, hallados al margen del contenido del ordenador encriptado del detenido, han permitido a los agentes iniciar una nueva vía de investigación de este viejo procedimiento de financiación etarra, que investigan desde hace años el juez Baltasar Garzón en España y su colega francesa Laurence Le Vert.

Pero la publicidad dada a la indagación y el procedimiento utilizado está levantando ampollas entre los empresarios vascos, que se consideran víctimas y no cómplices de ETA como parece deducirse del modus operandi policial.

La Guardia Civil tiene al menos siete recibos que confirman los pagos que determinadas empresas han hecho a ETA y, al parecer, los agentes a cargo de las pesquisas no se contentan con una negativa protocolaria y obligada que se contradice de forma flagrante con la documentación que tienen en su poder.

Los investigadores están presionando, con unos modos hasta ahora inusuales, como la detención de los directivos para interrogarles y el registro de las empresas y domicilios de los responsables de esos pagos de los que tienen constancia escrita, para tratar de conocer los canales que han utilizado para comunicarse con la banda, "negociar" las cantidades exigidas y efectuar los pagos en efectivo.

Las fuentes de financiación de ETA, y en concreto, la extorsión sistemática a la que somete la banda al sector empresarial, son uno de los aspectos más desconocidos a la vez que opacos y difíciles de desentrañar, por tratarse de materia especialmente sensible.

Pero la constatación de que sus dirigentes han podido seguir extorsionando y reunir recientemente una cantidad que supera con creces el presupuesto del aparato militar que ETA tenía en 2001 -cuando se encontraba en plena ofensiva posterior a la tregua con una nómina de 210 activistas, según la documentación hallada al responsable militar de entonces, Ibon Fernández Iradi, Susper-, ha puesto en guardia a las fuerzas de seguridad, que no están dispuestas a dejar pasar esta oportunidad para descubrir los métodos que los etarras han habilitado de nuevo para conseguir dinero.

La dureza en los modos que la Guardia Civil ha utilizado para ello ha provocado un reguero de protestas, teniendo en cuenta que uno de estos empresarios a quien se detuvo para interrogarle y registrar su casa tras haber interceptado su coche en la carretera, fue Jesús Guibert, de 81 años, conocido empresario guipuzcoano que en 1983 fue secuestrado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que le mantuvieron retenido durante 10 días en una tienda de campaña en el monte hasta que su familia pagó 200 millones de pesetas.

A la denuncia del consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, quien dijo haber sido tratado como un delincuente por la Guardia Civil, se sucedió la detención de Sabino Arrieta, anterior responsable de Sidenor, y el registro de la constructora guipuzcoana Amenabar, a la que ETA puso una bomba hace un mes. Ninguno de los empresarios interrogados ha sido imputado en causa alguna. Las patronales vascas expresaron su indignación por su condición de "víctimas que merecen amparo y respeto".

Los modos policiales, que han incluido la publicidad en sus actuaciones y la identidad de los interrogados, hasta ahora siempre celosamente preservada, dejan entrever que, lejos de la condición de víctimas, la policía considera a los empresarios casi más colaboradores que extorsionados.