Promotores y bancos pactan bajar un 20% el precio de los pisos nuevos

Al fin, los promotores han admitido la posibilidad que se han hartado de negar en los últimos meses. Los que se dedican a levantar pisos se han dado cuenta de que, si quieren colocar el producto que ahora no consiguen vender, sólo hay una solución: bajar los precios. Por eso han llegado a un acuerdo con los principales bancos -Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Popular y Banesto- para ofrecer unas viviendas que se venderán en el mercado libre, pero a precios más bajos que los actuales. Está por ver si la medida se concreta en pisos menos caros o se queda en un golpe de efecto.

El objetivo del acuerdo firmado ayer con la pompa de las grandes ocasiones es sacar al mercado los 25.000 pisos nuevos que, según los cálculos de los impulsores de la iniciativa, tendrá la Comunidad a finales de año a la espera de un comprador que nunca llega. Las inmobiliarias que participen se comprometen a vender su stock a un precio máximo que oscilará, según el municipio, entre 2.000 y 3.200 euros por metro cuadrado. Por ejemplo, un piso de 100 metros en la capital no podrá costar más de 320.000 euros. Si se compara con los 4.128 euros por metro cuadrado que arroja la última estadística oficial, con la vivienda libre a precio concertado -éste es el nombre de la nueva iniciativa-, la rebaja en la ciudad de Madrid es del 29%.

"Cuando la moda era denostar a los del ladrillo, siempre los defendí", dijo Aguirre

El Gobierno regional calcula que los pisos que se acojan a esta iniciativa serán de media un 20% más baratos que los de mercado.

Las entidades financieras que participan en la iniciativa se comprometen por su parte a facilitar la financiación necesaria a los compradores de vivienda "en las condiciones más favorables".

Pero es mejor que no se emocionen demasiado los que anden a la caza del chollo. Porque, como se encarga de recordar el presidente de la asociación de promotores Asprima, José Manuel Galindo, cada empresa es libre de adherirse al acuerdo. Y anticipa que es de esperar que sólo lo hagan cuando el precio máximo no esté muy lejos del que se paga en el mercado. "Lo harán cuando los precios sean admisibles", especifica.

Para perfilar la vivienda concertada, se ha dividido el mapa de la región en cuatro zonas. La más cara, con un máximo de 3.200 euros por metro cuadrado, incluye municipios como Madrid, Alcobendas y Majadahonda. Le siguen la zona B (máximo de 2.600 euros, en ciudades como Getafe, Móstoles, Parla y Pinto), la C (2.300 euros en Alpedrete y otras) y la D (2.000 para el resto de la Comunidad). Todo el mundo podrá comprar los pisos que se oferten en estas condiciones, sin que sea necesario acreditar unos ingresos máximos.

Lo más relevante del acuerdo es el apoyo expreso de los grandes banqueros a los empresarios del ladrillo. Porque los promotores llevan meses quejándose de que parte de sus problemas provienen de que los bancos y cajas se niegan a financiar compras que antes aprobaban sin pestañear. Y la relevancia de los que ayer acudieron a la firma en la Puerta del Sol da una idea del apoyo del sector financiero. Asistieron, entre otros, el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa; los consejeros delegados del BBVA y Banesto, José Ignacio Goirigolzarri y José García Cantera, y el vicepresidente del Popular, Roberto Higuera.

¿Y cuál es el papel de la Comunidad en este acuerdo? El Gobierno de Esperanza Aguirre, que ayer presidió el acto, se limita a impulsar el acuerdo, que tiene una duración de dos años, y a poner en marcha una página web que informará de las viviendas que se incorporen a la bolsa.

No hay un calendario para estas incorporaciones. En el Gobierno regional explican que cada empresa puede incluir sus promociones desde ahora mismo, y que la página www.madrid.org/oficinavivienda informará en cada momento de los cambios en la bolsa de pisos de precio concertado. Ayer, en esta web, sólo se encontraba información genérica sobre la política de vivienda de la consejería.

Otros que también se adaptan a las nuevas circunstancias del mercado son los notarios y registradores, que rebajarán sus tarifas en las operaciones de compraventa que afecten a las viviendas de precio concertado. Los primeros reducirán un 10% los aranceles notariales y los registradores de la propiedad rebajarán un 50% el coste de las notas simples.

El acuerdo incluye la modalidad de alquiler con opción de compra para los que no puedan hacer frente a una entrada. La renta anual equivaldrá al 4,5% del precio total de venta. Es decir, por una vivienda de 100 metros cuadrados se pagará un alquiler mensual máximo de entre 750 y 1.200 euros, que se actualizará en función del IPC.

Si a los tres años el inquilino ejerce el derecho de compra, el precio final será el fijado en el contrato inicial actualizado. Y a esta cantidad se le restará el 50% de las rentas pagadas a lo largo de ese periodo.

Tras la firma del documento, Aguirre salió en defensa de un sector que, dijo, ha sido maltratado. "Cuando estaba de moda denostar a los del ladrillo, como se les llamaba despectivamente, yo siempre defendí a un sector tan importante, que aporta casi un 10% de la riqueza de la región", dijo la presidenta. Y es cierto que esta iniciativa beneficia a los empresarios inmobiliarios. También puede venir bien a las familias con ingresos medios, pero es más dudoso que ayude a la gente con rentas más bajas.