Los peritos judiciales elevan a 115 millones la deuda de Contsa y a 1.653 los acreedores
La inmobiliaria Contsa, en suspensión de pagos desde el mes de febrero, presenta deudas superiores a los 115 millones de euros y un total de 1.653 acreedores, frente a los 50 millones y los 605 acreedores que declaro tener la empresa al solicitar el concurso mercantil. Los administradores judiciales ha determinado que la sociedad posee activos sólo por valor de 28.466.956 euros y un pasivo de 115.288.291 euros, por lo que su déficit alcanza los 86 millones. Dicho balance, difiere notablemente con los 79.870.023 euros en los que el propietario de Contsa valoró sus activos.
El informe entregado ayer al Juzgado de lo Mercantil de Sevilla por los administradores judiciales -Joaquín Aguilar Cazorla, Miguel Isasi y Francisco J. Tato Jiménez- dice que el total de acreedores es de 1.653, más del doble de los 609 reconocidos por la empresa, a los que afirmaba deber sólo 49.399.202,92 euros. Fuentes judiciales indicaron ayer que los acreedores recibirán en los próximos días una comunicación con la deuda que se les ha reconocido, que en general coincide con lo solicitado, y las diferencias que puedan existir responden a los intereses subordinados prometidos por la inmobiliaria.
Contsa tenía como principal actividad la captación de capital de pequeños ahorradores con la promesa de intereses desorbitados, tenía una "realidad patrimonial ficticia" y su contabilidad "no reflejaba la realidad", pues estaba formada a base de "saldos de caja inexistentes o ventas falsas", según explica el informe de los auditores. Según su clasificación, los créditos de acreedores con privilegio especial ascienden a 11.237.680 euros, los de privilegio general a 94.275.718 euros, los subordinados a 4.214.323 euros y los de acreedores subordinados por intereses a 5.081.173 euros. Los peritos califican como acreedores de privilegio especial, a aquellos que tienen garantía hipotecaria y cobrarán con preferencia a la venta del bien hipotecado.
El informe, por otra parte, recoge que 29 de los supuestos acreedores son entidades vinculadas a la propia Contsa por accionariado, unidad de gestión o domicilio social. La actividad de la empresa se dedicaba a la "captación de fondos en estructura piramidal", dicen los administradores, que recogen además varias a lo largo de 12 tomos operaciones llevadas a cabo por Salas Burzón "en perjuicio de los acreedores".
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