La mina de Serrabal sólo declara 38.000 euros de beneficio

Serrabal no es una mina de dinero para Juan Miguel Villar Mir. La cuenta de resultados de la empresa que explota el yacimiento, con una dimensión y beneficios propios de una pyme, contrasta con las cantidades solicitadas por el empresario en concepto de indemnización por las obras del AVE Santiago-Ourense, que atraviesan parte del yacimiento de cuarcita. Fueron exactamente 895 millones de euros, que luego rebajó a 270 millones, los que reclamó al Estado el Grupo Villar Mir, propietario de Serrabal, situada en los municipios coruñeses de Boqueixón y Vedra.

Ramsa vende la mayor parte del mineral a otra empresa del grupo

Tres años de batalla judicial y política que paralizaron un proyecto vital para la conexión ferroviaria de Galicia con la Meseta, con capítulos como la reciente escolta policial para que los técnicos del ente gestor de infraestructuras, Adif, pudieran al fin acceder a las instalaciones, tienen su contrapunto en la actividad de Ramsa, la empresa de Villar Mir que explota la mina. De acuerdo con los resultados presentados en el Registro Mercantil por Ramsa, durante los dos últimos años el beneficio neto de la compañía se situó en 38.000 euros. Este dato es el resultado de unas ventas que, según avanzó la propia compañía, se situaron al cierre de 2007 en 9,7 millones de euros, tras haber ingresado 9,4 millones el año anterior.

Este volumen de ingresos, similar al que obtiene un concesionario de coches de una ciudad media gallega, coloca a Ramsa en la mitad de la tabla de las empresas de su sector en Galicia. La compañía había cerrado 2006 con un beneficio bruto antes de amortizaciones e impuestos de 400.000 euros, según las cuentas presentadas en el Registro Mercantil. Para explicar su actividad, responsables de la empresa señalan que el volumen de roca volada al año es superior al millón de toneladas y que, además, se aprovecha prácticamente el 90% del total extraído.

Las ventas de Ramsa no superan los 10 millones de euros, una cifra que contrasta con los ingresos declarados en Galicia por otras filiales del Grupo Villar Mir como Ferroatlántica, una de las grandes consumidoras del mineral extraído en Serrabal. Con sus plantas de Cee y Dumbría, el grupo logró una cifra de negocio de 216 millones de euros en 2007.

Fue precisamente el lucro cesante no sólo de Ramsa, sino también de Ferroatlántica, lo que llevó al equipo jurídico de Villar Mir a reclamar la millonaria indemnización por las expropiaciones del AVE. Si no es el negocio en sí, ¿cuál es valor de la mina de Serrabal? Según el balance de 2006, tiene unos activos de 10,7 millones de euros, pero el recurso al endeudamiento para afrontar la actividad de la mina recorta ese volumen en otros 9,1 millones. El resultado, un patrimonio declarado de 1,5 millones.

La plantilla de Ramsa, unos 34 trabajadores de media en los últimos años, resulta acorde con las dimensiones de la empresa. Esta misma semana, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, se comprometió públicamente a mantener el empleo en la mina pese a la expropiación de parte de los terrenos, con una vida útil de la concesión de otros 30 años.

Villar Mir no sólo tiene domiciliada en Serrabal la sociedad filial titular del yacimiento. Cuarzos Industriales, otra de las empresas del grupo con explotaciones en varios puntos de Galicia, sobre todo en Lugo, también cuenta con su base de operaciones en el municipio coruñés de Vedra. Con 28 empleados, la cifra de negocio de esta compañía se sitúa en 5,5 millones de euros.

Concesión de Fraga

La concesión de Serrabal fue otorgada en 1999 por la Xunta de Fraga a una empresa en la que entonces participaba Villar Mir y de la que se ha hecho con el control a lo largo de los años. Ramsa desembolsó unos 75 millones de euros para hacerse con la mina, pese a lo cual Villar Mir llegó a reclamar 12 veces más de lo que le costó por una expropiación parcial, así como por el lucro cesante mientras durasen las obras del AVE.

Ayer, unos 150 trabajadores de Serrabal y Ferroatlántica volvieron a manifestarse ante la sede de la Xunta en Santiago contra la ocupación de la mina. Anxo Noceda, sindicalista la CIG, criticó a Touriño por no recibir a los trabajadores e insistió en que, pese a las garantías que ofrecen la Xunta y Fomento, los empleos están en peligro.