PSOE y PP buscan cerrar un pacto de mínimos sobre la justicia

El pasado jueves, los portavoces del PSOE y del PP, José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría, se reunieron durante toda la tarde para avanzar en el Pacto de la Justicia. Además de hacer propósito de silencio, acordaron intercambiar papeles con sus respectivas posiciones, estudiarlas durante el fin de semana y volver a reunirse hoy, lunes, para intentar cerrar los flecos antes del encuentro entre Zapatero y Rajoy del miércoles.

El Constitucional dificulta su propia renovación al no resolver un recurso

Cerrarán la redacción definitiva y la forma en que lo darán a conocer. Por primera, vez una reunión entre el actual presidente del Gobierno y el líder de la oposición está precedida de largos y numerosos encuentros de delegaciones de ambos partidos para poder presentar acuerdos concretos. Los documentos manejados hacen referencia a medidas para la modernización de la justicia y a reformas legales para perseguir delitos que crean especial alarma social, como los cometidos contra menores, para combatir el terrorismo y para proteger a las víctimas.

Por ejemplo, el PP propone aumentar en el Código Penal los mecanismos para garantizar el alejamiento de los terroristas de sus víctimas, al hilo del caso de Iñaki de Juana Chaos. Sin embargo, el Gobierno asegura que desde hace años se aplica el artículo 48 del Código Penal que añade tal medida a la condena de etarras. Además sería poco efectiva la reforma legal porque no se aplicaría hasta dentro de 40 años, dado que no puede haber retroactividad y que, en este momento, los asesinos condenados ya cumplen ya esa condena íntegra.

Los dos partidos tienen tanta voluntad de acuerdo que están dispuestos a evitar la concreción en los asuntos que les separan o, directamente, sacarlos del pacto. El PP intenta que ocurra eso con el papel de los fiscales en el futuro proceso penal y con la descentralización de la justicia, con el pretexto de esperar a que el Constitucional resuelva los recursos contra el Estatuto de Cataluña.

El grueso del pacto es el catálogo de reformas de la justicia para la legislatura y el objetivo final es el de renovar parcialmente el Tribunal Constitucional y totalmente el Consejo General del Poder Judicial. En ambos casos, el acuerdo entre Zapatero y Rajoy sólo puede suponer que el mecanismo de renovación parlamentaria se activa en septiembre y, por tanto, ahora no se conocerán los nombres propuestos. Sin embargo, en el caso del Tribunal Constitucional ha surgido un problema no previsto y es que el propio tribunal no ha resuelto aún un recurso que el PP antepuso siempre como condición imprescindible para el acuerdo. El Constitucional se reunirá sólo 24 horas antes del encuentro de La Moncloa y no hay seguridad de que vaya a emitir ese día la sentencia sobre el recurso del PP contra la reforma del Reglamento del Senado que permite que los Parlamentos autónomos intervengan.

En las últimas semanas, el pleno del tribunal ha iniciado la deliberación de este recurso, pero su debate quedó incompleto por las reticencias a una ponencia elaborada por un magistrado del sector progresista. También porque hace dos semanas un magistrado estuvo de baja por enfermedad y para el pleno del martes ni siquiera está claro que el tribunal esté completo, porque otro ha pedido a la presidenta poder ausentarse esta semana por vacaciones.

Si la sentencia no estuviera, el acuerdo se limitaría al compromiso de renovación. Si el tribunal no anulara la reforma del Reglamento del Senado, el presidente de la Cámara alta daría un plazo hasta finales de septiembre a las Cámaras autónomas que remitieran sus propuestas de magistrados.

La renovación del Constitucional supondrá un cambio de las mayorías porque de los cinco por sustituir, cuatro son conservadores y sólo uno progresista. El PSOE aspira a poder proponer a al menos tres de ellos.

En el caso del Consejo General del Poder Judicial, la renovación será en septiembre, una vez que la sala que preside el actual presidente, Francisco Hernando, haga la sentencia sobre ANV y PCTV. En principio, el PP no renuncia a mantener los nueve vocales que le darían la minoría de bloqueo al grupo conservador para las decisiones importantes como los nombramientos y los informes. Sería la primera vez que la oposición dispone de tal capacidad de veto, establecida por el PSOE en la anterior legislatura con una reforma de la ley. Los socialistas han propuesto mitigar esa minoría de bloqueo dando entrada a magistrados no adscritos a ninguna asociación en el cupo del PP.