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Baltar tiene inoperativas cinco plantas de residuos, según el PSOE

Bruselas y la Xunta aportaron 7 millones de euros

Siete años después de haber recibido de Bruselas y de la Xunta 7,3 millones de euros para poner en marcha 11 plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, la Diputación no ha finalizado el proyecto y "mantiene ilegales y fuera de servicio" cinco de ellas. La ayuda partió del Fondo de Cohesión Europeo e incluía el desarrollo de una campaña sobre " buenas prácticas de segregación de residuos" y el compromiso de limitar el vertido incontrolado. Pero, según los socialistas, las plantas no funcionan y la basura "se vierte en las inmediaciones de ellas o se traslada a otras" situadas a 30 ó 50 kilómetros, con el coste que eso supone para los ayuntamientos. La portavoz de Medio Ambiente del PSdeG, Laura Seara, y el portavoz socialista en la Diputación, Alfredo García, denunciaron ayer "la grave irresponsabilidad de la Diputación" que comunicaran a la Comisión Europea.

Los socialistas sostienen que la Diputación no ha ejecutado las inversiones de los fondos europeos destinados, en diciembre de 2001, al plan de recogida selectiva de residuos del que habrían de beneficiarse 237.845 orensanos. El 80% del presupuesto de 7,3 millones de euros fue aportado por Bruselas mientras que el 20% restante, que debía desembolsar la institución orensana, fue financiado por la consellería de Medio Ambiente del PP y por Sogama. La Diputación, que "no puso un euro", firmó con ambos organismos un convenio en 2002 y otro sólo con Sogama en 2004.

Según la denuncia del PSOE, cinco de esas plantas están ahora ilegales y fuera de servicio: Muíños, A Peroxa, Maceda, A Gudiña y Viana do Bolo. Las que están en funcionamiento desde 2004 (O Carballiño, Monterrei, Xinzo, Beade, Celanova y Trives) estuvieron también en situación de ilegalidad hasta que este año la Consellería de Medio Ambiente las regularizó mediante procesos de recalificación de los terrenos. "Se instalaron en donde quisieron los alcaldes de turno o José Luis Baltar", sin más criterio que el de "crear empleos, manteniendo su consabida política caciquil".

Los socialistas sostienen que la Diputación no ha cumplido con Bruselas, porque no acabó en plazo el proyecto, pero tampoco con Medio Ambiente y ni con Sogama, ya que algunas plantas carecen todavía de los permisos para entrar en funcionamiento. Las mancomunidades mantienen deudas con la sociedad medioambiental a la que tampoco Baltar ha entregado los equipos (autocompactadores, remolques, camiones de recogida y contenedores) "incumpliendo el convenio".

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