El 67% rechaza la política sobre inmigración ilegal

Los españoles no tienen la impresión de que el Gobierno esté actuando correctamente ante el problema de la inmigración ilegal. Los datos de la encuesta Metroscopia para valorar los primeros 100 días de Gobierno revelan que un 67% de los ciudadanos no está de acuerdo con la política oficial en este ámbito. Entre ellos, el 50% de los que dicen haber votado al PSOE en las elecciones generales perciben negativamente la acción del Ejecutivo contra la inmigración irregular.

Tanto los votantes del PSOE como los del PP rechazan la directiva de retorno

En opinión de un 53%, el Gobierno debería ser "más duro" ante la inmigración ilegal. Así lo piensan el 75% de los que dicen haber votado al PP y el 40% de los votantes socialistas en las últimas elecciones generales.

La encuesta se realizó antes de las trágicas llegadas de barcas con sin papeles de los últimos días a las costas andaluzas y canarias. Pero sí influyen las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno, como el refuerzo de las expulsiones de personas en situación irregular, mayores restricciones a la reagrupación familiar o la promoción del retorno a sus países de los extranjeros que se encuentren en paro.

La encuesta revela, por otra parte, un apoyo mayoritario a ciertas propuestas concretas en materia de inmigración. Los inmigrantes no comunitarios residentes en España deberían poder votar en las elecciones municipales, según el 59% de los encuestados. Un 34% rechaza esta posibilidad, mientras un 3% pondría condiciones.

El asunto se planteó en el último congreso federal del PSOE, y el Gobierno ya estudia fórmulas para hacer realidad el voto extranjero (los de la UE ya pueden). El 75% de los que se declaran votantes del PSOE está de acuerdo, un porcentaje que baja al 39% entre los del PP. Ambos partidos se han puesto de acuerdo hasta tres veces en el Congreso de los Diputados en que los inmigrantes no comunitarios deben poder votar en las elecciones municipales.

También se ha realizado una pregunta específica sobre la polémica directiva de retorno, aprobada por el Parlamento Europeo de Bruselas. La directiva, que será la política marco de la UE sobre inmigración, eleva a 18 meses el tiempo máximo que pueden estar internados los irregulares mientras se tramita su repatriación. Un año y medio sin supervisión de un juez. La propuesta, con la que el PP ha anunciado estar plenamente de acuerdo, ha provocado división en el PSOE. Defendida por el presidente del Gobierno, recibió los votos en contra de dos socialistas catalanes en el Parlamento Europeo y una fuerte contestación interna.

El 55% de la población considera "excesivo" el plazo de año y medio, con porcentajes muy similares entre los votantes del PSOE (59%) y los del PP (50%). El Gobierno ha insistido en que este es un tope máximo, lo que no significa que vaya a aplicarse en su integridad. A un 20% les parece "adecuado". Un 8% desearía que fuera más tiempo todavía. Durante las entrevistas, un 7% se mostró en desacuerdo con que los inmigrantes irregulares puedan ser internados en general.