A Coruña desiste del litigio por el topónimo

Un cuarto de siglo tiene la ley gallega de Normalización Lingüística que establece que los topónimos "tendrán como única forma oficial la gallega". Desde hace una década, por decisión unánime de las Cortes, la denominación castellana de la provincia de A Coruña, al igual que la de Ourense, dejó de existir oficialmente. Ayer, el ayuntamiento coruñés, con los votos de los socios en el gobierno local, PSOE y BNG, se plegó al fin a cumplir su obligación legal de utilizar sólo el nombre gallego de la capital provincial y dio carpetazo a una larga y costosa batalla jurídica que entabló hace años por la utilización castellana de A Coruña.

El PP se abstuvo aunque no ahorró criticas y acusaciones contra una decisión que entierra otra de las más molestas herencias del ex alcalde coruñés, Francisco Vázquez. Unos 300.000 euros le costó a las arcas municipales el empeño del anterior regidor socialista en recurrir reiteradamente la norma de 1983 que le impedía utilizar los topónimos castellano y gallego de A Coruña.

Ayer el pleno municipal decidió retirar el recurso en casación planteado ante el Constitucional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que condenó al Ayuntamiento coruñés. Y fueron los más próximos colaboradores de Vázquez, hoy al frente del gobierno local en coalición con el BNG, como la teniente de alcalde y diputada en el Congreso, Carmen Marón, los que defienden ahora con ahínco "que las instituciones respeten los topónimos oficiales". "Nos vinieron dados por el gobierno del PP" en la Xunta, "fue el presidente Fraga Iribarne quien puso los topónimos de Galicia", arguyó la edil al tiempo que tachó de "hipócritas" a los conservadores por reclamar ahora una norma para que los ciudadanos puedan utilizar sin distinciones el artículo en castellano o en gallego de su ciudad.

Estado de excepción

El portavoz del PP y presidente provincial del partido, Carlos Negreira, acusó al gobierno de pretender implantar "un estado de excepción lingüística" y obligar a la ciudadanía a "pasar por el aro" sólo para que el alcalde, el socialista Javier Losada, contente a sus socios nacionalistas y pueda "conservar el sillón". Un regidor que antes, recordó Negreira, "jaleaba y secundaba este largo litigio" El BNG, a través del teniente de alcalde Henrique Tello, no ocultó su satisfacción por una decisión que "pone fin a una pesadilla".