El Gobierno aprueba el recurso contra la consulta
El Ejecutivo lo tiene listo para cuando se publique la ley
El Consejo de Ministros aprobó ayer solicitar al presidente del Ejecutivo la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Parlamento vasco, aprobada el pasado 27 de junio, que convoca una consulta sobre el futuro del País Vasco a instancias del lehendakari Juan José Ibarretxe. El recurso se materializará ante el Tribunal Constitucional en cuanto sea publicado en el Boletín Oficial del País Vasco.
Aunque ha pasado una semana desde la aprobación del proyecto de ley de consulta, éste aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial del País Vasco. La legislación autonómica concede un plazo de 15 días para la publicación de las normas, según recordó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
El Gobierno ya dispone de un borrador de texto para poder interponer el recurso en cuanto el proyecto de ley, promovido por Ibarretxe, se publique. El recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional irá acompañado de una "expresa invocación" al artículo 161 de la Constitución, que prevé la suspensión inmediata de la ley recurrida y todos sus efectos jurídicos durante cinco meses, lo que impediría la celebración del referéndum el 25 de octubre. "Por lo tanto, no va a haber el referéndum inconstitucional planteado por Ibarretxe, no lo va a haber", aseguró la vicepresidenta.
La decisión de interponer un recurso la ha adoptado el Consejo de Ministros tras analizar el dictamen preceptivo, que el Consejo de Estado remitió el pasado jueves, en el que se pronuncia negativamente sobre la consulta popular. Fernández de la Vega, ha avalado el dictamen al pronunciarse de forma "inequívoca" sobre la inconstitucionalidad de la ley, tanto por razones competenciales como de fondo.
La vicepresidenta ha mostrado su satisfacción por el hecho de que el Consejo de Estado haya coincidido en que, aunque Ibarretxe proclame otra cosa, "no hay duda de que lo que regula es un referéndum", una modalidad de consulta a los ciudadanos cuya autorización la Constitución reserva en exclusiva al Ejecutivo central. En el terreno político, De la Vega lamentó que el lehendakari haya aprobado una norma que "lejos de unir, divide a la sociedad vasca".
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