Competencia pide eliminar la licencia autonómica al comercio

Nuevo pulso de Competencia contra la licencia autonómica que es necesaria para abrir grandes centros comerciales y que se une a la que exige el ayuntamiento de la localidad. Un informe realizado por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) pide que "se elimine de plano" la licencia específica que exige la Ley de Comercio de 1996 a la Administración autonómica para abrir grandes superficies comerciales.

Esta segunda licencia es una de las espinas que tiene clavadas la gran distribución y que sigue generando enfrentamientos entre las grandes superficies y el resto del sector de distribución. La Ley de Comercio tuvo un accidentado trámite parlamentario a lo largo de 1995, con el Gobierno del PSOE en minoría y en una situación de acoso por el resto de los grupos tras los continuos casos de corrupción que salían a la luz.

El texto contó en su trámite con el apoyo de CiU, cuyo poder de influencia era muy grande, y la segunda licencia o licencia autonómica fue una de sus imposiciones para favorecer básicamente a su electorado en Cataluña, que es el pequeño comercio. Los redactores del texto por parte del PSOE así lo reconocieron posteriormente.

La CNC considera que esta segunda licencia de las autonomías (que se superpone a la que tiene que aprobar el ayuntamiento correspondiente) constituye una "barrera legal a la entrada de operadores, limita la competencia geográfica e introduce ineficiencias al alterar la morfología de la oferta comercial discriminando entre formatos comerciales".

Carácter excepcional

La CNC pide la eliminación de esa segunda licencia o al menos que los "requisitos y procedimientos para su obtención en las distintas legislaciones autonómicas se ajusten a los principios de regulación eficiente".

Sobre la imposición de moratorias, Competencia considera que no deben fijarse con carácter general, y sólo si fueran necesarias de forma excepcional "deberían tener un plazo de vigencia y debieran estar muy bien justificadas por el interés general".

La CNC argumenta que las ineficiencias que provoca esta situación pueden traducirse en mayores precios para los consumidores y transferencia de rentas hacia los pequeños y medianos distribuidores comerciales. Asimismo puede favorecer a grupos empresariales ya instalados con establecimientos en muchas ocasiones de gran superficie y que se libran de mayor competencia comercial.

En el estudio de la CNC se pide que se aproveche la adaptación de la Directiva de Servicios para actualizar una buena parte de la regulación para fomentar una mayor competencia. La CNC mantiene una actitud vigilante en el sector comercial y considera que debe avanzarse tanto en la liberalización de apertura de nuevos establecimientos como en los horarios comerciales, por entender que ello redunda en beneficio del consumidor por los posibles menores precios.