Castanesa, opiniones y actitudes

El domingo 22 de junio hubo en el valle de Castanesa (Pirineo aragonés) dos manifestaciones. Una, convocada por Naturaleza Rural y por la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, anunciada públicamente con más de tres semanas de antelación, pedía la retirada y alternativas a un PGOU que promueve 4.000 viviendas en un municipio en el que apenas viven 170 personas y una estación de esquí, de incierto futuro, nula rentabilidad y una aberración ambiental.

La otra, convocada súbitamente, sólo para ciertas personas (muchos vecinos del valle no supieron nada) para apoyar lo antes descrito.

Los primeros subieron hasta el pico de Castanesa (2.859 metros), esforzándose en superar un desnivel de más de 1.000 metros. Los segundos en el pueblo de Fonchanina, hasta donde les llevaron sus coches y las emisiones de CO2. Los primeros no restringieron la asistencia, se movilizaron altruistamente para preservar un patrimonio natural y universal. Los segundos solamente convocaron a "ciertos vecinos" del valle, que según ellos son los únicos que tienen derecho a opinar, ignorando que los ideólogos del engendro, los promotores y constructores, los compradores y futuros visitantes tampoco serán del valle. ¿Solamente otorgan legitimidad al forastero si piensa como ellos?

Un convocante de los segundos, Marcelino Iglesias Cuartero, hijo del presidente de Aragón, no vive ni en el valle ni en el término municipal, como mucho en un término limítrofe. ¿Dónde ubicamos el límite físico de derechos atribuidos? ¿Qué defendía este ciudadano, el proyecto del Gobierno de papá, la certeza de obtener un magnífico puesto de trabajo o los intereses de un pariente directo, al que se ha visto con frecuencia por el valle acompañando a diferentes promotores y constructores?

Otra convocante, Esther Cereza, es la hija del teniente de alcalde del municipio, Navidad Cereza, que, ¡oh casualidad!, es uno de los más beneficiados por la reclasificación de fincas.

Todo el mundo tiene derecho a defender una opción, pero con lealtad y sinceridad, sin ocultar intereses ni despertar fundadas sospechas. El actual PGOU está sometido a un proceso de investigación por jueces y fiscales.