Prohibido ir al monte
La Xunta multará a quien acceda a áreas con riesgo alto de incendio
La Consellería de Medio Rural ha dado un paso más en la política de prevención de fuegos y desde mañana, cuando empieza el período alto riesgo, sancionará con multas de entre 100 y 1.000 euros a quienes "accedan, permanezcan o circulen" por zonas forestales donde exista peligro cierto de incendio. La prohibición aparece definida en el artículo 34 de la Lei de Prevención de Incendios que entró en vigor en abril de 2007, pero desde este año la Xunta tiene una voluntad clara de llevarla a la práctica (el pasado ejercicio no se impuso una sola sanción por estas infracciones leves) y empezará a multar, cumplido el período de adaptación a la nueva normativa.
La limitación de acceso a los montes en 195 de los 315 municipios gallegos -los que año a año vienen sufriendo el rigor de las llamas- regirá entre el 1 de julio y el 30 de septiembre durante todos aquellos días en los que haya un "riesgo muy alto o extremo" de incendio forestal. El índice del que dependerá la prohibición será actualizado a diario en la página web de la consellería, mediorural.xunta.es en función de las variables meteorológicas de calor, humedad y fuerza y dirección del viento, pero según fuentes de este departamento, "dependerá sobre todo del sentido común". Se trata según el director general de Montes de la Xunta, Alberte Blanco, de "cambiar la mentalidad de la gente que todavía cree que en el monte tiene cabida cualquier actividad recreativa, que se puede hacer de todo, incluso preparar un asado".
Según consta en la ley, "toda persona que circule ya no por el bosque, sino por pistas o caminos forestales que lo atraviesen está obligada a identificarse ante las autoridades competentes". La norma conoce excepciones y permitirá por ejemplo el acceso a los propietarios de los terrenos y a vecinos que no tengan otra alternativa para llegar a sus residencias o lugares de trabajo y también al personal militar. En el caso de que cualquiera de estas personas circule con medios mecánicos, estárá obligada a portar extintores para sofocar cualquier conato ocasionado por su vehículo.
Esta medida disuasoria es la principal novedad de la campaña de verano de la Xunta, que volverá a situar sobre el terreno a más de 6.119 personas y 900 medios de actuación entre brigadas, equipos aéreos y fuerzas de seguridad. Un dispositivo similar al del año pasado que deberá afrontar una realidad bien diferente. Después del desastre de hace dos veranos, en 2007 ardieron en Galicia apenas 7.000 hectáreas en menos de 3.500 fuegos. Nunca la comunidad había tenido unos registros tan bajos desde que la Administración empezó a contabilizar los incendios y la superficie calcinada. La realidad este año es distinta, los meteorólogos no prevén que el tiempo acompañe como en julio pasado y las lluvias caídas en los últimos meses han incrementado la maleza en los dos millones de hectáreas de terreno que conforman el monte gallego. Blanco recalca que "al menos el 98% de la madera quemada en 2006 ya se ha retirado" y que "la Xunta ha concluido la restauración forestal de los bosques quemados entonces". Pero los cambios estructurales de los que acostumbra a hablar el conselleiro Alfredo Suárez Canal requieren de políticas a medio plazo que están lejos de dar sus frutos. También desde mañana quedan suspendidas hasta octubre las quemas controladas.
Cada año, Medio Rural autoriza 300.000 prácticas de este tipo, porque lo contrario sería todavía peor. Con que el 1% de estas quemas se descontrolase, se desatarían 3.000 conatos. Fuentes de la lucha contra incendios aseguran que son muchos más, pero no encuentran alternativas para eliminar los residuos agrícolas o forestales. El Gobierno gallego intenta revalorizarlos como biomasa pero la iniciativa está en pañales. Las infraestructuras aparecen visiblemente más limpias y los ayuntamientos más concienciados. Más de 180 han firmado convenios con la Xunta para desbrozar pistas y caminos vecinales y limpiar núcleos a medio kilómetro del bosque. Y lo mismo han hecho 30 agrupaciones de propietarios de monte mancomunado. Medidas como el Banco de Terras o las unidades de gestión forestal apuntan en la misma dirección. Porque las estadísticas de los últimos años de la Xunta confirman que los montes rentables casi no arden.
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