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Crónica:LA CRÓNICA

Barrio barrizal

Calles sin asfaltar que se convierten en ramblas intransitables cuando llueve. Aceras sin bordillos, falta total de farolas de alumbrado público, y lo mismo de cloacas o sistemas de depuración de aguas sucias, que suelen ir a fosas sépticas insuficientes o ser vertidas en el primer descampado. Escasas visitas de las fuerzas de seguridad, incluyendo la policía municipal. Falta de transporte público, de sistemas de telecomunicaciones, de agua corriente. Inexistencia de escuelas o medios públicos para que los niños puedan asistir a clase. Telefonía móvil sin cobertura, carencia de Internet de alta velocidad.

Es sólo parte del deprimente panorama de unos inmensos islotes de territorio catalán que existen prácticamente fuera de la ley, y que sucesivos gobiernos locales, provinciales, autónomos, tanto de la dictadura como de la democracia, han abandonado a su suerte durante casi 40 años.

Todo comenzó en los años sesenta. Al mismo tiempo que se procedía a la creación de urbanizaciones más o menos bien dotadas de servicios, más o menos terminadas por sus promotores, y que están situadas en las zonas ricas del territorio, también se crearon otras en zonas de menor alcurnia. Si en las primeras el poder adquisitivo de los propietarios subsanó lo que los promotores dejaron sin hacer; en la segundas no había capacidad financiera, y el tiempo ha transcurrido sin que nadie tomara cartas en el asunto.

Los vecinos de estas urbanizaciones son proletarios, en general de ascendencia murciana, andaluza o extremeña, aunque también hay menestrales de origen rural catalán. En su mayoría se sentían desplazados en la ciudad, y buscaron un refugio en esa imitación del pasado campesino que eran las urbanizaciones. Para ello se empeñaron y trabajaron como esclavos todo lo que hizo falta. En ocasiones, ellos mismos han levantado muros y colocado tejados, y han dedicado a su casita todas las pagas extras y todos los sábados y domingos de su vida. También suelen ser magníficos jardineros y buenos hortelanos, y ahora, en su vejez, le sacan no poco partido a ese regreso a los orígenes rurales de sus padres y abuelos, sobre todo con la subida del precio de los alimentos.

Son medio millón o más de catalanes que, en un momento dado, abandonaron su pisito de ciudad en el cinturón industrial de Barcelona, y optaron por la vida en la naturaleza. Al llegar para muchos la edad del retiro, se establecieron en esas urbanizaciones como primera y única residencia.

El país entero les ha tratado, sin embargo, como delincuentes. Los ayuntamientos no se han dignado aceptarles como ciudadanos de pleno derecho. Aplicando la ley con un criterio que no han usado a la hora de recalificar y autorizar urbanizaciones de lujo con hectáreas de hierba y campo de golf, les han negado los servicios básicos, pero les han cobrado el impuesto de bienes inmuebles. La excusa era sencilla: no forman parte de las zonas urbanas porque el sistema permite a los municipios no recepcionar las urbanizaciones que no tengan todos los servicios propios de las zonas urbanas. Los desalmados que construyeron esas urbanizaciones y se largaron con la pasta sin rematarlas andan sueltos por ahí y ningún juez les ha condenado casi nunca. El consejero Nadal ha comunicado ahora la puesta en marcha de un plan que, a juzgar por la información que he leído en la prensa, conseguirá no resolver ninguno de los gravísimos problemas que aquejan a ese medio millón o más de catalanes. El punto de partida consiste en culpabilizar a ese montón de gente por el hecho de haber sido estafados en su día. A esto se le llama doble rasero.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 30 de junio de 2008