La Junta ofrece hasta 9.600 euros a quien construya VPO en suelo libre

La Junta está decidida a reactivar con sea el sector de la construcción, principal motor de la economía andaluza en el último quinquenio. El Pacto Andaluz por la Vivienda, firmado con los agentes sociales y la banca en diciembre de 2007, fue el primer paso para adoptar una serie de medidas que reactiven la construcción residencial. Tras poner las bases para adecuar la nueva oferta residencial a la demanda constatada que existe entre la población andaluza, y establecer ayudas a las familias que estén en disposición de adquirir o alquilar estas viviendas, el Plan Concertado de la Vivienda 2008-2012 ha diseñado un estimulante catálogo de ayudas tanto al sector público como al privado que se decida a construir viviendas de protección oficial. El total de las ayudas previstas en el plan supondrán una inversión pública de 3.000 millones de euros que, según los cálculos de la junta generarán otros 9.000 millones de inversión privada.

Las ayudas pueden superar el 10% del precio tasado de cada vivienda

El plan financia a los ayuntamientos en los costes de su gestión urbanística

Hasta 9.600 euros, casi el 10% del precio de venta tasado de un piso de VPO de 90 metros, es la subvención que la Junta establece para aquellos promotores que decidan dedicar a este tipo de viviendas el suelo libre sin urbanizar de los que disponen, y que no estén obligados por el planeamiento a ubicar edificios de protección oficial. Además, el promotor podrá beneficiarse de un préstamo cualificado, de hasta el 100%, para la urbanización de la parcela, créditos que están garantizados por el acuerdo entre la Junta y las 31 entidades financieras que firmaron el Pacto por la Vivienda y que se comprometieron a aportar 9.500 millones de euros de financiación.

El plan de ayudas aprobado recoge más de 40.000 actuaciones subvencionadas en materia de suelo y urbanismo, con el objetivo de construir la cifra récord de 132.000 VPO. Las ayudas se dirigen a fomentar la urbanización de suelo, construir en suelos urbanizados o en proceso de urbanización y ampliar el patrimonio de suelo de los ayuntamientos.

Las únicas condiciones establecidas para acceder a los distintos paquetes de ayudas son: que al menos dos tercios de las viviendas protegidas estén destinadas a familias de ingresos menores 2,5 IPREM y que el 25% sea para programas de Régimen Especial, Alquiler para Jóvenes con opción a compra y Alquiler de Renta Básica.

En lo relativo a los patrimonios municipales de suelo, donde los promotores son los propios ayuntamientos, el plan establece que al menos el 70% de su superficie total edificable se destine a la construcción de viviendas protegidas, para poder acceder a las ayudas.

Además, la Junta establece una subvención de 3.000 euros por cada vivienda protegida para los proyectos que se dispongan en suelo ya urbanizado. Esta ayuda puede incrementarse en un 20%, en cada vivienda protegida que supere el número mínimo establecido en el planeamiento.

El plan también quiere estimular a los Ayuntamientos para que sean los que promuevan las viviendas en sus municipios. Para ello, se establecen ayudas de 2.000 euros por vivienda protegida (2.300 euros si son municipios de precio máximo en VPO) para que las corporaciones locales adquieran suelo en el mercado y lo destinen a crear hogares. Estas adquisiciones tendrán también acceso a préstamos cualificados.

En el caso del patrimonio autonómico de suelo, EPSA, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, ha sido encomendada para emprender un programa de adquisición de terrenos con la finalidad de constituir reservas estratégicas que permitan llevar a cabo los objetivos de este programa.

Un tercer bloque, a la espera de que se articulen nuevas medidas reglamentarias para acortar los plazos burocráticos que aligeren los tiempos de puesta en carga de los terrenos a construir, va dirigido a la gestión urbanística propia de los municipios. De esta manera, la Junta quiere facilitar y apoyar económicamente a aquellos municipios que emprendan proyectos de construcción de viviendas protegidas y que tengan limitada su capacidad por el alto coste en medios materiales y sobre todo en equipos técnicos.

Las ayudas serán de 200 euros por vivienda en actuaciones de reservas y expropiación de suelos; de 100 euros en el caso de terrenos que se sometan a un cambio de gestión de iniciativa privada a pública; y de otros 100 euros por viviendas en proyectos en el que la gestión municipal sea indirecta. La única condición que se establece, además de las generales del plan, es que el plazo de aprobación del instrumento de gestión urbanística no supere los dos años.

Estas ayudas, algunas ya existentes, se han unificado en un único programa a fin de mejorar la eficacia de su aplicación, y además son compatibles con el resto de ayudas establecidas.

Un último apartado, aún por definir, contempla la posibilidad de que por parte de promotores públicos o privados se propongan lo que se ha dado en llamar "actuaciones singulares", que no estén contempladas entre la casuística del plan. En este caso, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio se reserva la posibilidad de definir mediante orden las condiciones, tipos de financiación y sus cuantías, así como los procedimientos para su tramitación, que se llevarán a cabo mediante convenios con EPSA y otros agentes.