El Tribunal Europeo planea sobre la M-501

Una Comisión Europea que se siente burlada por la Comunidad de Madrid en el caso de la carretera de los pantanos tiene previsto elevar hoy al Tribunal de Justicia de la UE las presuntas violaciones medioambientales del desdoblamiento de la M-501. Bruselas hace firme esta medida extrema al año de una primera decisión en el mismo sentido, de la que se desdijo más tarde para dar al Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) la opción de remediar las graves irregularidades detectadas. "Ha tenido la oportunidad de reconducir la situación y no lo ha hecho", apunta una fuente comunitaria.

Hoy llega a su final el proceso en la Comisión, con la prevista decisión de someter el desafío de la Comunidad de Madrid al Tribunal de Luxemburgo, última instancia judicial de la UE. La frustración del Ejecutivo comunitario quedó de manifiesto en su última comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que estudió el caso.

Aguirre prometió enmiendas y la Comisión frenó el proceso en enero

"El que las obras del tramo 2 [entre Brunete y Navas del Rey] no hayan sido interrumpidas es de una extrema gravedad, contradictorio y no coherente con la letra y el espíritu" del acuerdo entre la Comunidad y la Comisión Europea que permitió congelar el procedimiento de infracción ante el Tribunal en julio de 2007, según José Manuel Servert, adscrito a la dirección general del Medio Ambiente de la Comisión Europea, que habló así el pasado mes de abril ante la Comisión parlamentaria.

La Comisión tenía desde 2006 la certeza de que el desdoblamiento de la M-501 incumple obligaciones como la de realizar una evaluación de impacto ambiental solvente y las directivas sobre aves silvestres y hábitats. Pero ante una oferta del Gobierno de Esperanza Aguirre de respetar la legislación comunitaria, aunque fuera con retraso, Bruselas paralizó el procedimiento. Apenas unos días más tarde, el Tribunal de Justicia de Madrid declaró nulo el acuerdo del Consejo de Gobierno para desdoblar la M-501, de lo que Bruselas tardó en tener conocimiento oficial. Entretanto, Aguirre, y también el consejero de Transportes, Manuel Lamela, no se han cansado de repetir que respetarían y cumplirían todo lo que pidiera la Comisión Europea.

Para la dignidad del Ejecutivo comunitario fue un mazazo ver que la presidenta presentaba un recurso ante el fallo del tribunal madrileño. "Cuando se continúan las obras es porque no hay voluntad de mitigar los daños y al recurrir se pretende que la sentencia no sea firme", reconoció Servert, que aseguró: "Es contradictorio y no coherente con la letra y el espíritu del acuerdo que permitió congelar el procedimiento judicial". El funcionario ya adelantó en la Eurocámara que la Comisión tomaría una decisión sobre el caso en fecha por determinar.

Ecologistas en Acción consideró ayer en un comunicado que el giro dado por la Comisión, "pese a las presiones sin precedentes que han ejercido el PP y los alcaldes en Estrasburgo" es positivo. "El siguiente paso es que Luxemburgo paralice las obras que siguen avanzando a marchas forzadas", agregó. De este modo, Bruselas, con la paciencia agotada, decide volver sobre sus pasos y se propone iniciar un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Lo que ocurre es que este tribunal emplea un promedio de dos años en dictar sentencia.