La Comisión Europea denuncia a España por la M-501

La Comisión Europea (CE) ha decidido hoy denunciar finalmente a España ante el Tribunal de Justicia europeo por mantener las obras de desdoblamiento de la carretera M-501, en la Comunidad de Madrid, "en clara violación de la legislación europea", según ha anunciado un portavoz. La CE ya había decidido llevar el proyecto ante los jueces europeos en julio de 2007, pero lo mantenía congelado tras alcanzar poco después un acuerdo con la Comunidad de Madrid por el que ésta admitía haber violado la ley europea sobre estudios de impacto ambiental y se comprometía a subsanar la infracción. Sin embargo, hoy lo ha reactivado y por la vía de urgencia al constatar que Madrid mantiene las obras.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid declaró nulo el pasado febrero el acto administrativo por el que se aprobaba la ejecución del "tramo segundo" de las obras por no contar con la obligatoria evaluación de impacto ambiental. Pero las autoridades regionales han mantenido la ejecución de las obras y han recurrido la sentencia del Tribunal madrileño. Así las cosas, el Ejecutivo comunitario decidió demandar a España "inmediatamente" ante la máxima instancia jurídica comunitaria y espera remitir "lo antes posible" su denuncia al Tribunal, según ha explicado la portavoz de Medio Ambiente de la Comisión, Barbara Helfferich, que no ha podido precisar una fecha exacta de cuándo lo hará.

Esto significa que la Comisión Europea no dará un tiempo para que el Ejecutivo español se pronuncie sobre la decisión. Bruselas ha rechazado además mantener nuevos contactos con la Comunidad de Madrid. Según Helfferich, si el Gobierno español no decide por su cuenta paralizar las obras, éstas podrán continuar por el momento, pues Bruselas no ha solicitado medidas cautelares. La razón es que la Comisión cree que, dado el avanzado estado de los trabajos, éstos estarían terminados antes de la entrada en vigor de esas medidas cautelares, de modo que la medida sería "más simbólica que eficaz". La transformación en autovía de la llamada carretera de los pantanos, que transcurre por una zona considerada de alto valor ambiental, lleva varios años siendo tratada por Bruselas y ha sido también protagonista de intensos debates entre los partidos políticos españoles en el Parlamento Europeo.

"Sorprendente y jurídicamente inexplicable"

En cualquier caso, todavía no habrá multa inmediata para España, según ha explicado la portavoz, ya que "las multas sólo son impuestas cuando se determina que el fallo del Tribunal no ha sido respetado". Si el alto tribunal finalmente condena a España y si España no acata y cumple el fallo, entonces el Ejecutivo comunitario podrá dar "un segundo paso" y volver a denunciar a España "por no respetar una sentencia del tribunal". Ecologistas en Acción adelantó ayer la noticia asegurando que "la obra de la M-501 es ilegal", que ya lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y lo vuelve a decir ahora Europa.

En un comunicado, la organización ecologista considera esta decisión "un mazazo" a la política regional "de hechos consumados, según la cual pretendía construir primero y evaluar después, dejando sin efecto las directivas de evaluación ambiental y de protección de la naturaleza". La organización ha insistido mucho en los últimos meses en que la Comisión Europea se había convertido en "cómplice" de la ilegalidad cometida por la Comunidad de Madrid, al pretender ésta que el acuerdo alcanzado con la Comisión daba visos de legalidad al proyecto. Para luchar contra ello, Ecologistas recabó el apoyo de numerosas organizaciones de más de 20 países europeos, que han solicitado mediante escritos dirigidos al comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, la rectificación del Ejecutivo comunitario.

Por su parte, la Comunidad de Madrid destacó ayer que la ruptura unilateral de su acuerdo con Bruselas no supondría la paralización de los trabajos, "sino simplemente la continuación de un proceso de infracción que incluso podría prolongarse durante dos o tres años con el grave perjuicio para todas las partes e incluso para la zona". El Gobierno regional advirtió de que esta situación sí podría, no obstante, retrasar la adopción, en su caso, de las medidas compensatorias y correctoras medioambientales adicionales a las ya contempladas en el proyecto en los términos convenidos con la Comisión Europea el pasado de 30 de enero. En concreto, se preveía destinar un 25 por ciento de su presupuesto a medidas medioambientales para paliar deficiencias de la zona, como la construcción de pasos de fauna y ecotúneles, entre otras medidas, que hasta ahora no existían. Para el Gobierno regional, la ruptura de este acuerdo sería "sorprendente y jurídicamente inexplicable", y, sin duda, respondería a "presiones" realizadas por distintos grupos sobre la Comisión Europea.