El PP de Alicante lleva la pugna entre Camps y Ripoll a la ponencia de estatutos

El 16º congreso del PP nacional que empieza mañana en Feria Valencia también tendrá una lectura valenciana. Los populares de la provincia de Alicante han decidido trasladar la pugna entre José Joaquín Ripoll, presidente provincial y de la Diputación de Alicante, y Francisco Camps, presidente autonómico del PP y de la Generalitat, a la ponencia de estatutos del congreso.

La portavoz del PP en Elche y persona de confianza de Camps, Mercedes Alonso, ha presentado una enmienda en la que propone reforzar el papel del Comité Electoral Regional. En la propuesta se reclama que sea el órgano regional el que apruebe todas las candidaturas municipales de localidades de más de 10.000 habitantes, y las candidaturas de diputados provinciales, además de proponer a las personas que deben ocupar la presidencia de las Diputaciones provinciales.

El alcalde de Sagunto reclama más peso orgánico que su comarca

Rodríguez Marín propone que se afilie por 'silencio administrativo'

La enmienda de Alonso, de aprobarse, supondría dejar a las estructuras provinciales desarboladas, a expensas de los designios de las estructuras autonómicas del PP.

En el polo opuesto, uno de los hombres de confianza de José Joaquín Ripoll, Juan Manuel Cabot, propone reforzar el peso de las estructuras provinciales. Así, Cabot pide que los comités provinciales tengan capacidad para aprobar las candidaturas de los municipios de menos de 50.000 habitantes, y no de menos de 20.000 habitantes como hasta ahora.

La propuesta formulada ante la comisión de estatutos del congreso nacional del PP se acompaña de otra propuesta en la que se reclama que sea el comité provincial el que "elabora y propone la candidatura en las elecciones legislativas y la candidatura municipal de la capital de provincia, elabora la candidatura autonómica y aprueba todas las candidaturas" municipales que le son de su competencia.

En otras palabras, Cabot propone reducir el poder de la estructura regional del PP para reforzar las estructuras provinciales, con el argumento de la proximidad.La pugna entre campistas y ripollistas en la provincia de Alicante también tiene su traslación a la ponencia de estatutos en los capítulos referidos a la afiliación. Así, el senador Juan Rodríguez Marín, responsable del Comité Regional de Garantías, reclama que si a los dos meses no se ha contestado una petición de afiliación al PP por parte del comité regional, se considere que se ha logrado la condición de miembro del partido por la vía de silencio administrativo. En caso de ser denegada la afiliación, el órgano provincial tiene que comunicarlo, lo que permitirá al interesado recurrir al órgano regional. Una petición similar realiza la diputada María José García Herrero, aunque para las juntas locales del PP.

En el lado opuesto, el ripollista Carlos Mazón reclama que las listas de nuevos afiliados se incorporen al censo antes de la elección de compromisarios, para evitar problemas ya habituales en estos procesos en el PP de la provincia de Alicante.

La posibilidad de presentar enmiendas a los estatutos del partido también ha sido aprovechada por otros dirigentes para intentar consolidar su posición orgánica. Así, el senador y presidente de la junta local de Alicante ciudad, Julio de España, reclama que sea la dirección local la que designe un comité electoral local que proponga el candidato y la lista al órgano regional competente.

En Valencia, el alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, propone que en el cálculo de compromisarios a los congresos se tenga en cuenta, además del número de militantes y el porcentaje de votos, el número absoluto de papeletas conseguidas, ya que la comarca tiene más representación que su municipio.

En Elche, ciudad de 220.000 habitantes, Mercedes Alonso reclama la inclusión en la junta directiva nacional del PP no solo de los alcaldes de capital de provincia, sino de los de ciudades de más de 200.000 habitantes.

Pero el caso más estrambótico con las enmiendas a la ponencia de estatutos del PP es el de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón.

"Yo voy al congreso con claro carácter de adoctrinamiento", sentenció el presidente del PP de Castellón. Fabra lleva más de una semana sacando pecho con el argumento de una enmienda presentada a la ponencia de estatutos con la que pretende mostrar su supuesta capacidad contestataria. Fabra ha expuesto su intención de no doblegarse ante la idea de que se limite su poder al compatibilizar la presidencia provincial del partido con la de la Diputación. Sin embargo, la ponencia que han redactado Alberto Núñez Feijoo, Rosa Estarás y Alfonso Fernández Mañueco no incluye, en todo su articulado, la incompatibilidad entre dichos cargos y, por lo tanto, la reivindicación de Fabra carece de sentido.

"Un ponente me ha pedido por teléfono que retire una enmienda y le he dicho que no", afirmó esta misma semana. El hecho es que Carlos Fabra no ha presentado ninguna enmienda a la ponencia, aunque sí lo han hecho varios de los compromisarios de Castellón. "Que los presidentes provinciales de un partido no puedan ser presidentes de la Diputación, no me parece de recibo", añadió. Pero el texto que se debatirá en el congreso de los populares, en ningún momento hace referencia a esta incompatibilidad, sino que habla únicamente de las limitaciones para los diputados en el Congreso o en el Parlamento Europeo, que, según indica, no podrán ser, a la vez, presidentes del partido, alcaldes o presidentes de Diputación. Esta limitación sí ha provocado la presentación de un importante número de enmiendas, a favor y en contra.

En cualquier caso, un compromisario por la ciudad de Valencia sí ha presentado una enmienda en la que pide que los presidentes provinciales del PP no puedan ser presidentes de Diputación, situación en la que se encuentran Fabra, Ripoll, y los presidentes de León, Zamora, Ourense y Pontevedra, lo que demuestra que son casos contados.

El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, también aporta su granito de arena con 15 enmiendas de estilo, pero sin contenido.