El PP remueve a la Síndic de Greuges por considerarla hostil

Las Cortes tocan el reglamento de la institución para desplazar a Caballero

El PP impuso ayer su mayoría absoluta y aprobó una modificación del reglamento del Síndic de Greuges con el único objetivo de remover de su cargo a Emilia Caballero, Síndic en funciones desde abril de 2006, a la que los populares consideran hostil.

La Comisión de Peticiones que preside Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes, y en la que solo participan los integrantes de la Mesa y los portavoces de los grupos parlamentarios, ha resuelto en cinco semanas unos trámites que los dos portavoces de la oposición calificaron como "nulos de pleno derecho".

"¿Qué autoridad comunicará a la Síndic que debe dejar el cargo?"

El Estatuto de Autonomía establece que el desarrollo legislativo de cualquiera de las instituciones de la Generalitat "requerirá para su aprobación de una mayoría de tres quintas partes de la Cámara".

La ley del Síndic de Greuges prevé que "los adjuntos por su orden" cubrirán la vacante del titular de la institución, que era Bernardo del Rosal hasta que cesó su mandato en abril de 2006. Del Rosal, que asumió el papel de defensor del pueblo avalado por el PP en 2001, dejó el cargo ante la falta de respaldo del presidente de la Generalitat para ejercer durante un segundo periodo.

Los dos partidos mayoritarios alcanzaron un acuerdo en noviembre para nombrar Síndic a José Cholbi, vicepresidente primero de las Cortes y veterano militante de AP y del PP. Pero los socialistas congelaron el pacto cuando el Consell les negó acceso a las actas de los consejos de dos empresas públicas.

Antes que ceder esa información y salvar el acuerdo, el PP ha preferido modificar el reglamento para desplazar a Caballero, "una tertuliana radiofónica que viaja en coche oficial desde Vinaròs a Pilar de la Horadada", en palabras de su portavoz Ricardo Costa.Ricardo Costa argumentó ayer que los socialistas habían quebrado el acuerdo para nombrar Síndic a José Cholbi por orden de María Teresa Fernández de la Vega. El portavoz del PP recurrió a un ruidoso lenguaje castrense. Pero tropezó con un pausado Diego Macià, portavoz socialista, que se ciñó a los argumentos jurídicos y no tuvo que alzar la voz para aportar autoridad a su posición.

Macià concluyó que todo el procedimiento para desplazar a Caballero era "nulo de pleno derecho" y, por lo tanto, "una burla y un atropello al Síndic de Greuges, a las Cortes y al respeto entre grupos parlamentarios". El portavoz socialista recordó que al PP ya le incomodaba Bernardo del Rosal, que ejerció entre 2001 y 2006, y concluyó: "Buscan una Sindicatura dócil, callada y sumisa a los dictados del PP".

Enric Morera, portavoz de Compromís, comparó al PP con "ese niño malcriado que cuando no puede ganar cambia las reglas del juego". Y alertó: "Están forzando a la Síndic a presentar un recurso de inconstitucionalidad".

Los dos grupos de la oposición sostienen que la propia Síndic, encargada de velar por los ciudadanos ante los atropellos de la Administración, debe ser la primera en alzarse contra su propio atropello. Pero fuentes jurídicas recuerdan que el Síndic de Greuges es "una institución comisionada de las Cortes" que, por lo tanto, difícilmente podría negarse a acatar una orden del Parlamento autonómico. Y ese es el próximo paso.

Tanto el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas como el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publicarán la modificación del reglamento que establece que los dos adjuntos se turnarán para ejercer como máximos responsables de la institución por periodos de seis meses. Una disposición adicional fija, además, que el actual adjunto segundo, Carlos Morenilla, ocupará el cargo durante dos años para compensar el tiempo en que Caballero "ha estado atornillada" a la institución, en palabras de Costa.

Ángel Luna, portavoz socialista, recordó en los pasillos que la mera publicación del nuevo reglamento no altera la ley que ampara a Caballero. Luna anunció que el PSPV recurrirá el nuevo reglamento por todas las vías, incluida la penal. "¿Qué autoridad política o administrativa comunicará por escrito a la Síndic que debe abandonar su cargo? ¿En virtud de qué?" Una pregunta que apunta una acusación por prevaricación.

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