La Semana Verde ya no puede pagar las nóminas de sus 42 trabajadores

El mayor recinto ferial de Galicia, la institución en la que los sucesivos gobiernos de Fraga invirtieron 60 millones de euros desde 1991 en ayudas y subvenciones para "trazar un eje Silleda-Berlín que coloque al sector primario gallego en la vanguardia de Europa" agoniza, acuciada por las deudas y los acreedores. Tal y como pronosticó en su último informe el Consello de Contas, la Fundación Semana Verde está abocada a la suspensión de pagos si los patrones- fundamentalmente el Gobierno gallego- no deciden aportar fuertes inyecciones económicas para corregir la depauperada situación económica de este organismo.

En 2006 el fondo de tesorería que pierde a razón de 1,5 millones de euros al año desde 2001 contaba con 1.803.909 euros. A los que todavía hay que restar el déficit de 3.968.000 euros que la Fundación ha acumuldado durante sus dos últimos ejercicios. Las auditorías públicas y privadas firmadas por el Consello de Contas y la Consultora Ernst&Young señalan que el fondo patrimonial de los patrones ha menguado casi a la mitad, desde los 45,62 millones de 1998 hasta los 26,1 de 2006.

A día de hoy, su presidente, José Maril, ni siquiera puede garantizar ya el pago de las nóminas a sus 34 trabajadores hasta final de año y vive pendiente del plan de viabilidad que financia la Consellería de Economía a través del Igape y que debe ser presentado en las próximas semanas. De su continuidad dependen además otros ocho trabajadores de la Asociación Semana Verde, germen de la actual fundación, y 130 empleos indirectos que generan las ferias.

Entre los acreedores que llaman a la puerta de la Semana Verde están además la constructora FCC que reclama a la fundación 4 millones de euros e incluso el Ayuntamiento de Silleda, al que la entidad adeuda 1.200.000 euros correspondientes al Impuesto de Bienes Inmuebles y de Actividades Económicas que la Fundación nunca abonó a las arcas municipales.

El macrorrecinto de 500.000 metros cuadrados que inauguró el rey Juan Carlos en 1996 no ha acogido durante este año ni una sola feria y malvive a cuenta de las oposiciones que la Xunta organiza en sus instalaciones. Sus únicos ingresos durante 2008, 1.085.645 euros, provienen precisamente de las pruebas que las consellerías de Presidencia y Sanidad han convocado en sus cinco pabellones.

La grave crisis que vive esta institución obecede a una pésima gestión que ha hecho caer en las últimas ferias un 34% el número de expositores, un 30% el de visitantes y un 28% los ingresos de la Semana Verde y sobre todo a la decisión del bipartito de cortar el grifo y frenar la sangría económica que ha supuesto durante una década el ente a las arcas públicas. Según consta en los presupuestos, la Xunta a través de sus consellerías ha invertido en 15 años 62.400.816 euros, entre 1991 y 2006.

Un párrafo del último informe del Consello de Contas define bien la filosofía del organismo y su inexistente plan de negocio que amenaza con llevarlo a la quiebra: "La tutela pública que existió sobre la Fundación con diferentes vías de financiación y sin criterios claros en su delimitación-ayudas al fondo social, al presupuesto ordinario y subvenciones a cada actividad- fomentó la presentación de presupuestos ficticios que se tradujeron en déficits acumulados que se trataron de justificar en la falta de mayores compromisos económicos de los patrones". La auditoría culpa además a la Xunta de Fraga de "dejación de funciones al no controlar la racionalidad y eficacia de las actuaciones".

Un ejemplos de esto último es el ambicioso gasto en publicidad y propaganda que la Semana Verde ha sufragado desde el mismo día de su inauguración. La inversión en este apartado durante el año pasado fue especialmente llamativa. Pese a la falta de eventos y exposiciones en 2007, apenas doce días de feria, la dirección adjudicó, sin cumplir los requisitos de concurrencia y publicidad, un generoso plan de comunicación a la empresa Grupo Bap Conde SA por un importe de 660.000 euros.

De cómo ha gestionado históricamente este organismo los fondos públicos da idea el contrato de una trabajadora desplazada a la ciudad francesa de Rennes, sin argumento que lo justifique, y que percibió además de su sueldo en dietas 201.468 pesetas mensuales entre febrero de 1996 y agosto de 1997. Cuando regresó, su puesto no fue cubierto por ningún otro empleado.