La nueva tarifa del agua del Taibilla enfrenta a PP y PSPV
El PP y el PSPV volvieron a escenificar ayer una nueva entrega de la polémica sobre el agua, en este caso a costa de la subida de la tarifa para el consumo humano que propone la Mancomunidad de Canales del Taibilla. El ente hidráulico abastece a 43 municipios de Alicante, 34 de Murcia y 2 de Albacete (en total, 2,3 millones de habitantes) y plantea una subida de entre el 3,5% y el 25,9% para cubrir los costes de las nuevas plantas desaladoras.
El impacto medio de la subida no llegará a un euro por usuario en el recibo. La propuesta fue se votó en el consejo de administración del ente. El resultado fue de 47 votos en contra, 10 a favor y 10 abstenciones. La aprobación final de la subida es competencia exclusiva del Consejo de Ministros y la votación de ayer no es vinculante.
En contra del incremento de la tarifa votaron todos los alcaldes del PP y el regidor socialista de Benferri. Los alcaldes socialistas de Alicante votaron a favor y los de Murcia se abstuvieron. Además de los alcaldes, el consejo de administración incluye a otros seis representantes de organismos públicos.
Los alcaldes del PP de los municipios de Alicante acudieron a la reunión con una postura unánime adoptada en un encuentro previo celebrado en San Miguel de Salinas. La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, señaló que la subida demuestra "que las tres premisas del Programa Agua del PSOE, más agua, más calidad y más barata no se cumplen".
Los alcaldes y cargos socialistas tacharon la postura del PP de "demagógica". "Estamos hablando de un incremento mínimo, de 11 céntimos de euro, al pasar el coste del agua de 0,43 a 0,54 céntimos, necesario para costear infraestructuras aprobadas por el PP y que han servido para mantener el impulso económico de los municipios", dijo Marylène Albentosa, alcaldesa de Guardamar del Segura. "Aquí rechazan la subida, pero apoyan la desaladora de Carboneras, donde el precio de salida del agua será de 84 céntimos", añadió. La diputada socialista por Alicante Juana Serna abundó en la tesis de la regidora: "Las inversiones fueron aprobadas por todos los alcaldes, del PP y PSOE, y hay que pagarlas. El único propósito del PP es arremeter de nuevo contra la política hídrica del Gobierno".
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