La Audiencia corrige al juez del 'caso Adigsa' por una formalidad

La Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona ha revocado por una cuestión formal una decisión del juez que investiga el caso Adigsa, relativo al pago de comisiones a constructores de hasta el 20% en la época de CiU. El tribunal ha dado la razón al abogado defensor, Javier Melero, y ha revocado lo que en términos jurídicos se llama auto de acomodación al procedimiento abreviado, que dicta el juez cuando ya ha finalizado la investigación del caso y cree que hay indicios para que siga tramitándose y se celebre juicio.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona dictó esa resolución el 28 de junio de 2007 después de rechazar una petición del abogado defensor para que se realizara una tasación de las viviendas de Adigsa rehabilitadas. La defensa recurrió y unas semanas después la Audiencia de Barcelona corrigió al juez y ordenó esa tasación. Ahora, en coherencia, el mismo tribunal ha revocado aquella decisión judicial de que continuara el proceso, que califica de "prematura", por no esperar a conocer primero la tasación.

El tribunal afirma que esa prueba permitirá cuantificar el presunto perjuicio causado a Adigsa, pero precisa que "dicho perjuicio en nada afecta a la posibilidad de seguir o no los trámites del procedimiento abreviado". Con todo, la Sección Segunda sí admite que el resultado de la tasación podría servir para estudiar si se ha de exculpar del proceso al presidente de Adigsa en aquella época, Ferran Falcó, uno de los ocho imputados en el caso. Entre ellos también figura el consejero delegado de Adigsa en aquella época, Josep Antoni Fondevila.

Fuentes judiciales han explicado que después de que finalice la tasación judicial es muy probable que el juez vuelva a dictar una resolución en los mismos términos que la que fue anulada. En ella, el magisttrado Gonzalo de Dios expone el supuesto proceso delictivo de la adjudicación y asegura que las obras se concedieron a dedo a pequeños constructores a cambio de comisiones y sin cumplimentar el trámite administrativo legal.