El Valedor culpa a la Xunta por el descontrol de las canteras ilegales

Las consellerías de Política Territorial, Innovación e Industria y Medio Ambiente no han sabido concretarle al Valedor do Pobo ni cuántas canteras existen en Galicia ni cuáles de ellas son ilegales. Benigno Sánchez abrió una queja de oficio a raíz de una noticia publicada en EL PAÍS el 29 de octubre pasado, en la que se decía que en la Consellería de Política Territorial se amontonaban 300 expedientes de empresas mineras que pedían desde 2004 a la Xunta que regularizase su situación.

Política Territorial acusa a las otras consellerías de no enviarle informes

Las consellerías a las que el Valedor reclamó información fueron por lo general inconcretas en sus respuestas. Y junto a sus vaguedades, algunas incluso terminaron culpando a las otras de sus propios retrasos en el control y la tramitación de licencias para las canteras.

Sólo un departamento de la Administración gallega, la Dirección Xeral de Industria, acierta a responder a la institución del Valedor que en Galicia "habría alrededor de 600 explotaciones mineras a cielo abierto" y que "casi la mitad estarían llevando a cabo planes de restauración" del espacio degradado, mientras que "la otra mitad no lo harían". Además, todavía sería "más abundante" la cifra de aquellas empresas que no cuentan con garantía económica o fianza ambiental que asegure las labores de restauración llegado el momento del cierre. Esto, a pesar de que ya han transcurrido 26 años desde que tanto el plan ambiental como la garantía económica se convirtieron en obligatorios.

Una de las carencias más comunes de las minas a cielo abierto, según el Valedor do Pobo, es la "ausencia de los títulos habilitantes de la actividad, es decir, concesiones, licencias o autorizaciones". Muchas de estas empresas extractivas aguardan, desde hace ya más de cinco años, a que la Xunta legalice su situación. La disposición transitoria 12 de la Lei 9/2002 contemplaba que todas aquellas canteras en activo que no contasen con licencia urbanística municipal podrían obtenerla si el Consello de la Xunta considera que su actividad es compatible con los "valores naturales, ambientales y paisajísticos".

El Valedor do Pobo, en las conclusiones del informe definitivo que ayer -coincidiendo con la publicación en el DOG de la ley de ordenación minera- remitió a las tres consellerías implicadas, acusa a Política Territorial de "no concretar" y resalta lo "inadecuado que parece seguir sin una información exhaustiva" acerca del número de explotaciones en situación urbanística irregular. Por no saber, el departamento que dirige María José Caride no sabe cuántas son las minas actualmente en activo, ni sabe dar una "fecha aproximada" para la resolución de las solicitudes de legalización en trámite. Y de ello culpa a "otras consellerías", a las que acusa de que no le envían los informes que ella les solicita "reiteradamente".

La consellería de Medio Ambiente es la única que aporta algo de información. Facilita al Valedor una lista de 56 canteras de toda la comunidad (destaca el número de las que son de Valdeorras y Ortigueira) pendientes de acogerse a la disposición transitoria 12, y dice que 27 de éstas ya cuentan con informe favorable de Medio Ambiente mientras que 29 están en trámites por "su complejidad" al estar en áreas de la Red Natura o cerca de ella. Estas cifras, al Valedor no le satisfacen porque no todos los expedientes pendientes de legalización tienen que pasar por la consellería de Manuel Vázquez.

La Xunta no ha resuelto por completo ningún expediente aparte del de la polémica explotación de A Campa (Folgoso do Courel), que ahora está siendo investigada por la UE por irregularidades medioambientales. Con la nueva ley, será Innovación e Industria la responsable de continuar la tramitación de los expedientes no resueltos. A la respuesta cargada de indefiniciones de la consellería de Fernando Blanco, el Valedor replica que debería poner mayor interés en conocer con exactitud el número de canteras, cuántas tienen plan de restauración y fianza ambiental y cuáles abandonaron la actividad sin cumplir con sus obligaciones.