Un juez bloquea la solución para el centro de ocio de Illumbe

El complejo donostiarra de Illumbe, que acoge la plaza de toros y varios establecimientos de ocio, vuelve a quedar patas arriba y su futuro es cada vez más negro. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de San Sebastián ha embargado a la sociedad Nuevo Desarrollo de Anoeta (NDA), propiedad de la familia taurina Chopera, las cuentas bancarias y la concesión para gestionar este privilegiado recinto de 40.000 metros cuadrados. Es la última contrariedad que acumula el complejo que se gestó a comienzos de los años 90 y salió adelante en unas condiciones de legalidad más que precarias. En la actualidad, Illumbe está prácticamente desmantelado: sólo existe actividad en el coso taurino.

El PNV critica la "inseguridad jurídica" causada por el consistorio

El auto judicial que bloquea las cuentas de NDA y la concesión para explotar Illumbe supone un serio contratiempo para el Ayuntamiento, que creía haber encontrado la solución al problema cuando en marzo pasado acordó con esta empresa rescindir el contrato y convocar un nuevo concurso público. La concesión a la familia Chopera por 75 años fue declarada ilegal en 2001 por el Tribunal Superior vasco, decisión que cinco años después ratificó el Supremo. Sin embargo, la actividad en Illumbe ha seguido adelante.

Pese a los varapalos, el Ayuntamiento se ha resistido a romper el convenio con los Chopera y abrir un nuevo concurso. En 2006 decidió modificar el Plan General para legalizar las actividades de Illumbe. Pero, a la vista de los reveses judiciales, los negocios comenzaron a cerrar, incluidos unos multicines en julio de 2006.

Paralelamente, los propietarios de estos negocios, arrendados por NDA, han cruzado denuncias por la vía civil contra esta sociedad por recibir unas licencias que fueron declaradas nulas en los tribunales. Precisamente, el último auto judicial también obliga a los Chopera a pagar en total 548.000 euros como indemnización a dos de las empresas de hostelería que operaron en Illumbe.

Ante esta situación de bloqueo, Elorza alcanzó en marzo pasado un acuerdo con NDA y firmó un convenio que contempla la rescisión del contrato original y la apertura de una convocatoria pública. El convenio estipula que, entretanto, se prorroga la concesión extinguida a NDA. La explotación del recinto saldrá a licitación por 36 millones de euros, además de otros ocho para compensar a los negocios allí existentes si los tribunales siguen dándoles la razón. Con estos ingresos, el Ayuntamiento garantiza el pago de 36 millones a NDA por romper el contrato. Y si el concurso quedara desierto o no se llevara adelante, NDA recibiría 21 millones de las arcas locales. Un empresario recurrió contra este convenio porque, a su juicio, no garantiza la igualdad de oportunidades. El PNV, que con EA y el PP fue uno de los partidos que con mayor entusiasmo apoyaron la defectuosa operación urbanística de Illumbe, advirtió ayer de la "absoluta inseguridad jurídica" en que se halla ahora.

El portavoz municipal peneuvista, Xabier Ezeizabarrena, criticó el "fiasco económico y jurídico" que supone el convenio con NDA, ya que coloca al Ayuntamiento en "una situación de riesgo que ronda los 30 millones".