El Supremo aún no ha convocado la sala que debe decidir sobre la charla de Casas
La sala de admisión de causas penales contra aforados, encargada de estudiar la exposición elevada por la juez de Valdemoro al Tribunal Supremo sobre un supuesto asesoramiento ilícito de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, a una abogada, no había sido convocada aún en la tarde de ayer, según informaron fuentes del alto tribunal. Según dichas fuentes, puede que la sala no se reúna hasta principios de la próxima semana, debido a que uno de sus integrantes se encuentra de viaje fuera de Madrid.
La sala de admisión está integrada en la actualidad por el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Juan Saavedra, y los magistrados Enrique Bacigalupo, Manuel Marchena, Carlos Granados y Luciano Varela.
El magistrado ponente, Manuel Marchena, tiene desde el lunes el dictamen del Ministerio Fiscal que considera que los hechos que la juez de la Valdemoro imputa a la presidenta del Constitucional no son constitutivos de delito, por lo que solicita el archivo de las actuaciones.
A reserva del pronunciamiento del ponente, magistrados del orden penal coinciden en la dificultad de encajar en el tipo del asesoramiento ilegal los términos de la conversación de la presidenta del Constitucional.
Incluso la frase que parece más comprometedora, en la que la presidenta le dice a su interlocutora, la abogada María Dolores Martín: "Si alguna vez recurre en amparo, pues ya me vuelve a llamar", puede ser "una imprudencia", pero no tiene ningún matiz delictivo.
Asesoramiento
Respecto al supuesto delito de asesoramiento ilegal, las mismas fuentes señalaron que no reúne los requisitos del tipo penal. La presidenta habla con una abogada "que le cuenta una historia", ella le da algún consejo pero se limita a facilitar a su interlocutora los teléfonos de dos abogadas especializadas en asuntos de mujeres, en vez de decirle detalladamente lo que tendría que hacer.
La abogada está en prisión preventiva como presunta inductora de la muerte de su ex marido. Fue detenida más de un año después de la conversación con Casas, de abril de 2007. La abogada tenía el teléfono intervenido por orden judicial. El conjunto de la intervención de Casas no reúne, según esas fuentes, características para que judicialmente tenga sentido la remisión de la juez de Valdemoro al Tribunal Supremo.
Por otra parte, la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, pidió ayer explicaciones: "Lo que se deriva de las informaciones publicadas al menos es una imprudencia".
