Asociaciones de jueces no ven punible la actitud de María Emilia Casas

La conversación mantenida el pasado 17 de abril entre María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, y Dolores Martín, la abogada acusada de encargar el asesinato de su marido, no es sancionable, según expertos juristas y representantes de asociaciones judiciales que se han pronunciado sobre el asunto.

Casas llamó a la abogada ante la insistencia de una conocida que le informó de los supuestos maltratos que sufría la mujer. La presidenta del Constitucional no conocía de nada a Dolores Martín cuando le telefoneó ni sabía que estuviera siendo investigada por su supuesta implicación en el asesinato de su marido. Esos detalles los conoció en el curso de la conversación, que fue grabada por orden judicial y que ha salido a la luz tras la decisión de la juez que investigaba el asesinato de trasladar al Supremo la cinta. Casas es aforada, por eso es el Supremo el que debe decidir si hay materia sancionable en su actuación.

El fiscal del Supremo, analizados los hechos, ha pedido a la Sala que archive la causa, por entender que no hay indicios de delito. Las asociaciones de jueces tampoco ven materia sancionable en la conducta de la presidenta del Constitucional, según adelantó ayer el diario Abc. El PP ha pedido aclaraciones, mientras el PSOE defiende la honestidad de María Emilia Casas.

- Rajoy (PP): "Debe dar explicaciones inmediatas".

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ve necesario que la presidenta del Constitucional, "respetando la presunción de inocencia", dé explicaciones "cumplidas e inmediatas". El ex ministro de Defensa Federico Trillo, que se negó a comparecer en la Audiencia Nacional para dar explicaciones sobre su gestión en la tragedia del Yak 42 y lo hizo por escrito, exigió que Casas dé la cara: "Debe ofrecer cuanto antes su versión sobre los hechos. Que el Supremo tramite unas diligencias penales que afectan a Casas coloca al Constitucional en situación de extrema gravedad", dijo.

- Alonso (PSOE): "Es una persona honesta y competente".

El portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, salió en defensa de Casas, a la que consideró una persona "honesta y competente, exactamente igual que el resto de magistrados del Constitucional".

- García (APM): "No es lógico lo que hizo, pero no es para montar este cisco". El asunto "no es tan grave como para montar ahora un cisco impresionante", según Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que no cree que la actuación de Casas merezca "reproche penal" aunque sí de otro tipo. "Un presidente del Constitucional se debe conducir con cautela extrema. No es lógico que esté atendiendo consultas de una letrada sobre cómo se interpone mejor un recurso ante un juzgado de familia", subrayó. "Casas debería explicar este incidente. No ha actuado con la mesura y responsabilidad que exige el cargo".

- Tapia (JPD): "La ley no se refiere a esto". "Hay que saber distinguir entre una asesoría y un consejo a una persona amiga que pide una opinión personal", afirmó Jaime Tapia, de Jueces para la Democracia (JPD). A su juicio, la presidenta del Constitucional no incurrió en "ninguna acción sancionable". "Cuando la ley habla de sancionar el asesoramiento, yo creo que no es a esto a lo que se refiere", opinó Tapia, quien, no obstante, vería positivo que Casas diese explicaciones.

- Del Río (FdV): "No fue más allá". Desde la asociación Francisco de Vitoria (FdV), Lorenzo del Río manifestó que "una cosa es lo de asesorar en cualquier tipo de pleito, sea o no remunerado, y otra cosa es dar un consejo". "La situación sería grave si hubiese ido más allá de una conversación personal", concluyó.

- Requero (Poder Judicial): "Como los políticos que se hacen fotos con delincuentes". José Luis Requero, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, no ve nada "perseguible" en la actuación de Casas porque ésta no percibió ninguna retribución por los consejos que dio a una abogada luego acusada de inducir un asesinato. Requero comparó la situación a la que se produce cuando un político se deja fotografiar "con alguien que luego resulta ser un delincuente o tiene un pasado turbio".