La oposición pide más testigos en el caso de la agente electoral

La ponencia encargada de redactar las conclusiones de la comisión parlamentaria que ha investigado el caso de la supuesta agente electoral del PSdeG decidirá hoy si acepta la petición de nuevas comparecencias y documentos planteada por el PP. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo quiere tener la oportunidad de demostrar que lo ocurrido no es más que la punta del iceberg de una práctica generalizada cuyo "meollo está en la Consellería de Traballo" y que estaría utilizando fondos públicos para financiar actividades del PSOE. El caso concreto de Isabel Blanco, reconocen en la oposición, "es algo anecdótico".

Para reunir pruebas el PP quiere citar en el Parlamento al secretario de organización de Unións Agrarias, al conselleiro de Presidencia, al director general de Promoción de Emprego, al presidente de Viticultores do Castro y a los testigos que supuestamente pueden corroborar que la supuesta agente electoral les visitó, como ella misma afirma, para pedirles que votasen al entonces candidato socialista a la alcaldía de Muxía, Félix Porto.

Antonio Rodríguez Miranda, portavoz popular en la comisión, asegura que el PSdeG ya ha anticipado su decisión de oponerse a estas demandas. El BNG, afirma Miranda, no se ha pronunciado porque quiere aprovechar esa indefinición para obtener concesiones de sus socios de Gobierno (los portavoces de los grupos parlamentarios socialista y nacionalista, Xaquín Fernández Leiceaga y Carlos Aymerich, respectivamente, no quisieron anticipar ayer sus puntos de vista).

Propuesta socialista

Los socialistas propusieron la semana pasada al BNG que el dictamen de la comisión concluya afirmando que "no se pudo acreditar ni detectar ninguna actuación fraudulenta o ilícita por parte de la Administración autonómica ni de las actividades llevadas a cabo por Isabel Blanco", la mujer que asegura haber promovido el voto en la ciudad de Buenos Aires.

La propuesta de los socialistas no establece responsabilidad política alguna y se limita a proponer dos recomendaciones: que la Xunta apruebe una normativa para regular de forma objetiva los viajes de carácter humanitario y que, si no es posible hacerlo por otros medios, que la Secretaría Xeral de Emigración asuma la financiación de esos desplazamientos, que en la actualidad sufraga gratuitamente la compañía Iberia.