Incentivos para alquiler y vivienda protegida
El Consello de la Xunta autorizó ayer la modificación del decreto que regula el programa autonómico de vivienda en alquiler del año 2006. Los cambios aprobados permitirán conceder subvenciones directas de 6.000 euros por vivienda para los propietarios que teniendo una vivienda vacía desde al menos un año se decidan a incorporarla al programa de alquiler de la Xunta.
Esta ayuda será compatible con las ya existentes, gracias a las cuales los propietarios pueden recibir hasta 12.000 euros para realizar mejoras en sus viviendas si deciden introducirlas en el programa público. De forma complementaria, el Gobierno también ha acordado la modificación del decreto de 2006 que regula las ayudas del Plan de Vivienda 2005-2008 con el fin de crear áreas de renovación urbana para atender la rehabilitación de barrios en proceso de degradación física.
Entre los acuerdos del Consello destaca la aprobación del decreto de creación del Centro Galego de Desenvolvemento Integral (Cegadi), en el que la Xunta va a invertir nueve millones de euros. El Cegadi, que tendrá sede en Santiago, estará formado por un centro de día con capacidad para 71 personas y un centro residencial con otras 38 plazas. Con él, el Gobierno pretende mejorar la atención a las personas con discapacidad física o en situación de dependencia.
La Xunta aprobó también la convocatoria, por parte del Servicio Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, de una línea de ayudas para la realización de programas de promoción y formación a favor de las mujeres. El importe total de las ayudas asciende a 1,6 millones de euros y se financia parcialmente a través del Fondo Social Europeo.
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, destacó también la autorización de un convenio entre la Xunta, el Ayuntamiento de Sanxenxo y la Xunta de Compensación del Plan Parcial número 15 de esta localidad pontevedresa para acometer las obras de enlace de la futura autovía del Salnés con el parque empresarial de Nantes. El convenio resuelve un conflicto provocado por el ayuntamiento, gobernado por el PP, que discutía la titularidad de los terrenos afectados por las obras de la autovía y que llegaron a provocar su paralización.
El Consello también autorizó la renovación del convenio con Defensa para regular la participación de militares en la vigilancia contra el fuego.
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