Los grandes comercios vizcaínos, investigados por concertación

Primero fueron los sindicatos, ahora le toca el turno a los comercios. El Servicio Vasco de Defensa de la Competencia (SVDC) decidió el pasado jueves abrir un expediente contra varias grandes superficies implantadas en Vizcaya y las entidades que les representan, tras detectar "indicios racionales" de que han participado en un presunto pacto para no abrir sus respectivos establecimientos en domingos y festivos.

El organismo actuó a instancias del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia (TVDC), que ya pidió que se investigara a las centrales y el papel que juegan en la restricción de aperturas dominicales.

Los investigados participaron en la mesa de consenso de horarios en 2005

Las empresas expedientadas son El Corte Inglés, Eroski, Carrefour, Decathlon, Leroy Merlin, Mediamarkt, Supermercados Sabeco, Ikea y Toys'r'us, así como la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, el Consejo Empresarial de Comercio de Vizcaya (Cecobi) y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

El origen de la investigación estaría en la Mesa de Consenso sobre Horarios Comerciales de 2005, en la cual los implicados pactaron en un primer momento que sus tiendas abriesen dos domingos al año, para después dar marcha atrás frente a las amenazas sindicales de huelga. La Cámara de Comercio explicó entonces que la decisión se tomó después de valorar "aspectos de la actividad comercial, operativos, económicos y de implantación". La legislación permite en Euskadi la apertura de un máximo de ocho domingos al año, pero la presión de las centrales ha impedido cualquier movimiento en ese sentido.

"No hubo entonces concertación, porque no llegamos a alcanzar un pacto para abrir los domingos. Pero eso no significa que acordáramos no hacerlo", precisó el portavoz de una de las entidades expedientadas.

El tribunal solicitó la investigación el pasado 4 de diciembre al SVDC, que tras una primera instrucción detectó una posible infracción de la ley de Defensa de la Competencia. Esta prohíbe "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada" sobre cualquiera de las "condiciones comerciales o de servicio". El SVDC tiene doce meses para entregar sus pesquisas al tribunal, que a su vez tendrá otros seis para dictaminar si se infringió la normativa de competencia. Las sanciones pueden ir de 100.000 euros hasta diez millones.