Agua y política

Si retrocedemos unas semanas, estábamos en una sequía cuyo precedente inmediato se situaba más de 50 años atrás. Estamos ahora en un momento tan lluvioso que nos hemos de retrotraer varios decenios para encontrar otro mes de mayo con precipitaciones tan intensas y continuadas. La situación es tan paradójica que uno acaba pensando que la lluvia está arruinando lo que algunos pretendían convertir en un precedente del que sacar consecuencias en muchos otros terrenos. ¿Qué hacemos con la tan traída y llevada cañería? Es evidente que el decreto que autoriza su construcción tiene las horas contadas. El Gobierno central asumirá los costes políticos de su derogación, pero se beneficiará asimismo de la cancelación de una decisión que, de llevarse a cabo, complicaría las cosas en Aragón, en las comarcas del Ebro y en muchos otros sitios de España. El Gobierno catalán acogerá con aparente disgusto esa derogación, pero en el fondo respirará con alivio por ver acabado un culebrón del que le ha resultado muy difícil salir indemne. Y en definitiva, todos habremos aprendido un poco más acerca de un problema que teníamos y que seguimos teniendo. Pero las aguas no volverán a su cauce sin efectos colaterales.

Necesitamos volver a la calma aprovechando la recuperación de los niveles de agua embalsada

Hace unas semanas, los responsables de la política del agua en Cataluña tenían ante sí un panorama inquietante. Se estaba al borde del inicio de las restricciones de agua de boca para los más de cinco millones de personas que pueblan la región metropolitana de Barcelona. Las decisiones que se habían tomando con anterioridad, apuntaban a un replaneamiento muy positivo de la gestión del agua en Cataluña, pero no permitían enfrentarse a la excepcionalidad del momento. Los responsables del asunto estaban encajonados en una situación que no parecía tener una salida digna. Si esperaban acontecimientos (lluvia), podían encontrarse con la necesidad de cortar el consumo de agua a una gran parte de la población catalana. Si querían tomar decisiones para asegurar ese consumo, dependían de otros actores (Ejecutivo central, Gobierno de Aragón, asociaciones de regantes...), y casi siempre las decisiones que tomaran acabarían generando descontentos y fricciones, en un sector muy preocupado por los cambios en la política tradicional. Sobre todo cuando esas decisiones se tenían que tomar desde un Gobierno y una fuerza política, ICV-EUiA, que se había definido con contundencia en contra de los trasvases y que había colaborado en la puesta en práctica de los principios de la llamada Nueva Cultura del Agua (ahorro en el consumo, regeneración de pozos y acuíferos, mejor utilización del freático, estrategia de desalación...). La pistola de las restricciones les apuntaba en una sien, y en la otra tenían colocada la pistola del descrédito político.

Entendiendo que la situación requería coraje y al mismo tiempo prudencia y consistencia con las narrativas enunciadas y proclamadas solemnemente, no creo que podamos hablar de una buena gestión del asunto, y más bien deberíamos considerar nefasta la comunicación que se fue realizando de las decisiones o amagos de decisiones que se fueron tomando. La gestión del consejero Francesc Baltasar ha sido zigzagueante, poco clara y casi siempre mal explicada. Ha predominado el regate en corto y el qui dia passa, any empeny. Sin coherencia política es difícil afrontar situaciones como las descritas. La impresión que uno tiene en este final de ciclo, es que las culpas no son de uno solo. Faltó coordinación y corresponsabilidad, no sólo entre el Gobierno de la Generalitat y el central, o entre los distintos departamentos de la Generalitat, sino que incluso el propio Departamento de Medio Ambiente y la Agencia Catalana del Agua tampoco han ido muy de la mano. Por otro lado, se han oído muchas voces acusando a partidos e instituciones de tratar la cuestión más con la vista puesta en las repercusiones electorales que en el fondo del asunto. Lo cierto es que lo que ha faltado precisamente es política. Política enraizada en valores sólidos y que refleje de manera consistente los idearios que cada uno afirma defender. Hay líneas rojas que cuando se cruzan, uno acaba pagando fuertemente esa vulneración. En este sentido, los partidos en el Gobierno, y especialmente ICV-EUiA, en su gestión del asunto, han cruzado repetidamente alguna de esas líneas, contradiciendo muchas de las buenas prácticas que ayudaron a poner en marcha. Una cosa es la coherencia en la gestión de la acción de gobierno, y otra cosa es tomar decisiones que muy difícilmente son comprensibles en quienes han ido siguiendo una cierta narración construida a lo largo de varios años. El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, al ser preguntado el pasado martes sobre cuál sería la reacción de sus compañeros de partido en Cataluña al conocer que Aragón pensaba presentar un recurso contra la interconexión, decía: "Simplemente les recordaré que nos manifestábamos juntos hace unos meses para que no volviera a haber trasvases en España". Es probable que quienes con pragmatismo y aparente sentido de gobierno han ido trampeando la crisis, salgan menos tocados que los que más perfil ideológico habían mostrado, y que son precisamente los que más plumas se han dejado por el camino. Pero de ahí no creo que tengamos que sacar la conclusión de que cuanto menos perfil ideológico mejor, sino más bien que cuanta más coherencia entre los valores proclamados y la práctica política, mejor.

Hace unos días el colectivo de reflexión sobre cuestiones rurales Saó (blocs.mesvilaweb.cat/ saorural) realizó un pequeño debate en relación con el asunto del agua. Una de mis conclusiones es que necesitamos restablecer la calma aprovechando la recuperación de los niveles de agua embalsada, y que hemos de seguir trabajando en la misma línea en la que se había trabajado con anterioridad a la crisis. Estamos llegando a reservas de 300 hectómetros cúbicos, y en ese contexto es indefendible que algunos pretendan mantener por puro revanchismo político (CiU) o por tratar de eludir el enésimo viraje político (el Gobierno del tripartito), la necesidad de una medida muy limitada y que sólo podía justificarse por motivos de emergencia. Sin duda, todos hemos aprendido mucho en estas semanas.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.