Prescriben las penas contra 4 'narcos' por la burocracia policial europea

Delitos prescritos por la burocracia judicial y policial, en este caso europea. La Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona ha declarado prescritas las acusaciones que impuso en 1999 a cuatro narcotraficantes y mafiosos italianos a causa de la lentitud en cumplir las órdenes de busca y captura. Los delincuentes tienen un amplio historial delictivo y algunos de ellos todavía están encarcelados por otras causas.

Cuando se descubrió que las órdenes no estaban vigentes ya era muy tarde

Los hechos datan de finales del mes de julio de 1997, cuando la colaboración internacional policial permitió detener a 11 italianos y decomisar 1.384 kilos de hachís escondidos entre carne de ternera en un polígono de Riells i Viabrea (Selva), junto a una salida de la autopista AP-7. En contra de lo que suele ser habitual, cayó toda la banda y la policía explicó entonces que había desbaratado otro intento de la mafia calabresa para asentarse en Cataluña. A los arrestados se les atribuyó su pertenencia a la N'Dranghetta, considerada una de las tres organizaciones mafiosas italianas junto con la Cosa Nostra y la Camorra.

Entre los arrestados estaban Leonardo Gallo y Mateo Notarangelo, Nicola Giove e Iván Zonno, que fueron condenados a sendas penas de cinco años de cárcel por la Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona en 1999. Zonno, Giove y Gallo pasaron dos años y medio en prisión preventiva y fueron excarcelados por ese tribunal. Notarangelo pasó 10 días en prisión.

En 2001 el Tribunal Supremo rebajó ligeramente las penas a cuatro años y tres meses de cárcel para Notarangelo y Gallo y a cuatro años para Giove y Zonno. El 18 de julio de ese año la Audiencia de Barcelona dictó las órdenes de detención e ingreso en prisión de todos ellos para acabar de cumplir la condena que les quedaba y fue entonces cuando no funcionó la cooperación policial que permitió su detención.

Casi cinco años después, el 8 de marzo de 2006, el mismo tribunal descubrió que esas órdenes no estaban vigentes y volvió a reiterarlas. A los pocos días, la Unidad de Cooperación Policial Internacional de la Dirección General de la Policía informó a la Audiencia de Barcelona que Gallo estaba en una prisión italiana por otra causa, mientras que Zonno y Giove estaban arrestado a la espera de ser extraditados a España.

De Notarangelo se seguía sin tener noticias, por lo que a finales de noviembre de 2006 el tribunal le declaró prescrita la pena, incluida la parte que le tocaba abonar de la multa total de 1,99 millones de euros que se le impuso.

Zonno y Giove vinieron a España. El primero cumplió otro año de prisión y el segundo, dos meses, pero ahora se ha demostrado que tampoco les correspondía. La Audiencia de Barcelona acaba de declarar hace unos días que esas penas también estaban prescritas, porque pasaron cinco años desde que la sentencia era firme sin que la justicia hiciera ningún acto que interrumpiera ese plazo. Y todo por la burocracia policial. En este caso, europea. Y es que los requerimientos para la extradición y para que se cumplan las penas impuestas no son suficientes para abortar la prescripción. Gallo ni siquiera fue extraditado porque su abogado recurrió en Italia y logró paralizar el asunto.

Cristóbal Limón, defensor en España de todos los acusados, resalta: "el tribunal hizo lo que tenía que hacer. Lo que ha fallado es la coordinación entre las policías española e italiana para cumplir la decisión judicial".