Esto ya lo advirtió Imaz

Nada más enterarse de la detención del dirigente etarra Javier López Peña, Thierry, el martes por la noche en Burdeos, el ex presidente del PNV Josu Jon Imaz, telefoneó desde Boston -donde se encuentra desde finales de año, tras abandonar la dirección del partido por diferencias con el lehendakari, Juan José Ibarretxe- al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para felicitarle por el éxito policial.

Imaz, que participó en el proceso de final dialogado del terrorismo, felicitó a Rubalcaba porque sabe bien quién es López Peña. Sabe que fue el dirigente de ETA que rompió las reglas de juego del proceso, en la reunión que mantuvo con el Gobierno en diciembre de 2006; el que ordenó colocar la bomba en la T-4 de Barajas, que reventó de hecho la tregua y el que dirigió la campaña de atentados posterior, tras su ruptura formal el 5 de junio de 2007. Era él quien fijaba la orientación política de ETA con el poder que otorga, en una banda, el control de las armas y el dinero.

El ex presidente del PNV telefoneó desde Boston a Rubalcaba para felicitarle por la captura de Thierry

A Barandiaran se le atribuye el encargo de ETA de reorganizar Batasuna

La felicitación de Imaz contrasta con las posiciones de la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, y del portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, que restaron importancia a esa detención y la atribuyeron a una campaña propagandística de Zapatero para oscurecer su entrevista con Ibarretxe. Pero más grave fue la respuesta del ex presidente del PNV Xabier Arzalluz, que, además de lo anterior, censuró al Gobierno la detención de López Peña por haber sido uno de sus interlocutores en el proceso.

Arzalluz hizo que ignoraba lo que Imaz y los conocedores del proceso saben: que López Peña sólo se sentó en la mesa de conversaciones con el Gobierno para romperlo, sustituyendo a Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, que fue el interlocutor habitual de ETA. Y también que existen serias sospechas de que el asesinato de Isaías Carrasco, el ex edil de Mondragón (Guipúzcoa), el 7 de marzo, fue una venganza de López Peña contra el interlocutor socialista en las conversaciones y presidente del PSE, Jesús Eguiguren, dada su proximidad personal.

La importancia política de las detenciones del martes tiene otra ramificación en el ex alcalde de Andoain (Guipúzcoa) José Antonio Barandiaran, de Euskal Herritarrok, la marca con la que Batasuna se presentó a las municipales de 1999. A Barandiaran se le atribuye el encargo de ETA de reorganizar a una Batasuna descabezada y desorientada tras la tregua.

Todo apunta a que mientras ETA tratará de responder con un atentado a corto plazo para demostrar que no está derrotada, en la antigua Batasuna habrá movimientos para contrarrestar el nuevo golpe que le ha supuesto la redada policial del martes. Algunas fuentes señalan que el golpe policial reabrirá el debate en su seno sobre la posibilidad de respaldar la consulta que Ibarretxe presentará en el Parlamento vasco el 27 de junio. Los votos de EHAK-PCTV, la marca de la antigua Batasuna, son indispensables para que el Parlamento autorice la iniciativa.

En todo caso, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, se ha curado en salud y se ha adelantado a ese riesgo al anunciar que su partido tratará de evitar el apoyo de EHAK-PCTV a la propuesta de Ibarretxe, al incluir en ella una condena explícita de ETA. Urkullu no quiere que se repita lo sucedido en diciembre de 2004, cuando el plan Ibarretxe 1 quedó contaminado al aprobarse con el voto decisivo de una formación que no condenaba la violencia. Pero tendrá que convencer aún a Eusko Alkartasuna, que no rechaza el voto de EHAK-PCTV, y al lehendakari. Urkullu es consciente del riesgo que corre el PNV si la ya polémica propuesta de consulta de Ibarretxe sale, además, aprobada con el voto decisivo de una formación que no condena a ETA, cuando la banda está en una campaña de atentados de ciclo largo. De ahí que, como mal menor, prefiera el fracaso de la propuesta y un posible adelanto electoral.

Imaz ya advirtió al PNV sobre el riesgo de la consulta en dos ocasiones. La primera, en julio del año pasado, cuando dijo que se podía convertir en el plan B de una ETA debilitada. Y la segunda, el pasado abril, cuando dijo que la prioridad del PNV debía ser, ahora, la deslegitimación política y social de ETA.

Imaz coincide con Zapatero en la tesis de que ETA está en su ciclo terminal, aunque sin fecha, por su debilidad operativa y política, ante el acoso policial, judicial, la colaboración internacional y el hartazgo de la sociedad vasca con la violencia. De ahí que fije como prioridad, ahora, la deslegitimación política y social de la banda. Para ello cree básica la unidad de los partidos contra ETA, una estrategia en la que empieza a colaborar el PP y de la que se despega el PNV.

Es verdad que Urkullu está tratando de que la consulta de Ibarretxe no se convierta en el plan B de ETA, y también que el Gobierno vasco combate a sus comandos. Pero la deslegitimación política y social de ETA se ve afectada al enredarse con el plan Ibarretxe, como advertía Imaz.

La estrategia electoralista de Ibarretxe le sitúa en la equidistancia entre el Gobierno y ETA, lo que le empuja, como ha sucedido estos días, a minusvalorar la importancia de las detenciones, calificándolas de propagandísticas, o a acusar al Gobierno de dar cobertura a la tortura (otra cosa es la denuncia de abusos policiales, que deben investigarse por la vía judicial). Estas actitudes debilitan la unidad contra ETA. Pero el problema de fondo radica en que el PNV no admite que ETA es más que sus comandos -pese al papel de algunos políticos de Batasuna, como el ex alcalde de Andoain- y en su insuficiente respaldo institucional a los amenazados en pueblos de fuerte influencia etarra, como se comprobó en Mondragón.