Emigración dará al programa de viajes "más transparencia"

El secretario general de Emigración de la Xunta, Manuel Luís Rodríguez, defendió ayer la necesidad de modificar el convenio anual que su departamento firma cada año con Iberia -por el que la compañía cede a la Xunta 24.000 euros en pasajes de avión- para dotarlo de "mayor transparencia".

Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga el pago de un viaje por parte de Emigración a una agente electoral del PSOE, Rodríguez justificó la actuación de su departamento y esgrimió "razones humanitarias" para entregar un billete de ida y vuelta a Argentina a María Isabel Blanco.

El PP amenaza con acudir a la Justicia tras las conclusiones de la comisión

Según su explicación, Rodríguez nunca trató con esta mujer, sino que se limitó a atender una petición, "como tantas otras", de la diputada Marisol Soneira. El responsable de Emigración restó importancia al hecho de que la hermana de esta mujer, a la que supuestamente iba a visitar a Buenos Aires, se encontrase en Galicia en el momento del viaje, porque en Argentina había otros familiares en "situación de precariedad".

Pese a recalcar que ni este ni ningún otro vuelo se gestionó desde la Xunta actual con criterios "partidistas o políticos, "ahora no se le pagan viajes a alcaldes o candidatos en precampaña", Rodríguez insistió hasta en cuatro ocasiones en la necesidad de buscar "otra fórmula" en el contrato con Iberia que garantice la "transparencia a los posibles beneficiarios y a la propia Administración". En este punto se puso a disposición de los comisionados para aceptar las recomendaciones de la comisión de investigación.

Al igual que hizo ayer el ex conselleiro de Emigración, Aurelio Miras Portugal, su sucesor al frente de esta cartera admitió que el programa de viajes carece de regulación y recalcó que al ser un pago en especie por parte de la compañía aérea no le cuestan ni un euro a la Xunta. El argumento lo han utilizado durante toda la comisión los representantes del PSOE para desterrar la idea de un fraude a los fondos públicos.

Su asiento lo ocupó a media mañana el conselleiro Ricardo Varela, a quien el Partido Popular acusa de tejer, desde su doble condición de conselleiro de Traballo y secretario de Organización del PSdeG "una trama" para captar votos en el exterior. Varela explicó que la subvención otorgada a la Asociación de Viticultores do Castro es una de las 6.500 ayudas que Traballo concede a más de 700 entidades cada año para facilitar la integración laboral de personas con dificultades.

El conselleiro avaló la "legalidad del escrupuloso procedimiento que se sometió a la intervención de la Xunta", y anunció una investigación para determinar si constituye una irregularidad el hecho de que María Isabel Blanco acabase trabajando para el sindicato Unións Agrarias, una organización diferente a la que solicitó la ayuda.

Varela argumentó que también la Diputación de Ourense había cedido trabajadores en virtud del mismo programa a varios ayuntamientos y concluyó que tal circunstancia "no es excepcional, aunque tampoco habitual".

La intervención en la última de las comparecencias de la comisión de investigación, la aprovechó cada grupo político para presentar su alegato final, antes de las conclusiones. El PP, a través de su diputado Antonio Rodríguez Miranda, amenazó con "acudir a los tribunales" si el Parlamento no colma sus aspiraciones. Desde el PSdeG, Xaquín Fernández Leiceaga apeló a los testigos que pasaron por el Parlamento para "certificar el montaje urdido con mentiras por el Partido Popular para atacar al PSOE". El portavoz del BNG, Carlos Aymerich, quien ayer rebajó notablemente sus críticas a sus socios de gobierno, se mostró seguro de que el bipartito "asumirá responsabilidades políticas" si se demuestra alguna irregularidad.

En este sentido también se expresó ayer el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, quien en una entrevista a Tele 5 se comprometió a "asumir las conclusiones de la comisión" y a "corregir lo que este caso pueda tener de irregular".