La Audiencia confirma el primer derribo en Medina Azahara

La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado la orden de derribo de un chalé ilegal levantado en el entorno protegido de Medina Azahara. Se trata de la primera demolición que se impone en esa zona, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2003 y en la que actualmente hay unas 240 casas. La Audiencia rechaza el recurso interpuesto por la defensa contra el auto dictado el 24 de marzo por el Juzgado de lo Penal 4, en el que se condenaba a los dos acusados a correr con los gastos del derribo y a tres años de prisión en total. Padre e hijo levantaron la casa en 2006. La construcción fue paralizada por la Junta a finales de ese año.

Las casas ilegales se han consolidado por la "desidia de los poderes públicos"

Eduardo Baena, presidente de la Audiencia Provincial, es el ponente de esta última sentencia. Baena ofrece en el escrito su visión sobre el "problema social" de las construcciones ilegales. La sentencia concluye que no es posible que los acusados no supieran que estaba prohibido construir en la zona. Argumentar ese desconocimiento es "legítimo como derecho de defensa pero no deja de ser un sarcasmo y una ofensa a la inteligencia de la sociedad y de los tribunales, que deben huir de ingenuidades".

La Audiencia hace hincapié en que los dos acusados no son personas "marginales" que estén desinformadas. Además, uno de ellos vive en la misma urbanización desde 1995 y ambos son miembros de la asociación de vecinos, "creada precisamente para solventar todos los problemas que les aquejan", entre los que destacan que la zona fuera declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Además, Baena sostiene que el problema de las parcelaciones y en especial de las de Medina Azahara es "la comidilla de esta ciudad desde hace varios años". En la mayoría de los juicios celebrados por construcciones ilegales en esa zona, la defensa argumenta que en la urbanización no existen carteles que indiquen que está prohibido edificar. Ante este razonamiento, la Audiencia afirma: "Nuestras calles no se encuentran llenas de carteles de todo aquello que prohíbe la ley. Sería tanto como que un conductor, después del bombardeo mediático que existe, dijese que ignoraba que no se pudiese conducir después de ingerir bebidas alcohólicas".

La sentencia sostiene que a los acusados les movían "fines especulativos". Ya sea para evitar pagar como el resto de ciudadanos por construir una casa o para "que llegado el momento (...) la Administración expropie a precios superiores al coste de lo ejecutado".

Las casas ilegales se han consolidado "merced a una desidia de los poderes públicos que dio alas a la población por levantarse las viviendas", dice la sentencia. Según la Audiencia, el problema de los chalés ya existentes deben resolverlo los políticos. Aunque también se afirma que "los poderes públicos desde hace unos años han tomado conciencia del problema y la desidia se ha transmutado en diligencia, comenzando a intervenir la policía urbanística".

La Audiencia Provincial reconoce que, hasta hace poco, los magistrados eran reacios a admitir por la vía penal los casos de nuevas construcciones en núcleos consolidados. Sin embargo, admite un cambio de tendencia, ya que "comienzan a proliferar nuevas construcciones en la esperanza de que penalmente no serían perseguidos" y todo quedará en una "simple sanción pecuniaria", lo que conduce a "resultados perversos". Por ello, la Audiencia Provincial acordó el 10 de marzo endurecer sus criterios, que han llevado a que se dicte la primera orden de demolición en Medina Azahara.