Descarga eléctrica

La propuesta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de subir las tarifas eléctricas el 11,3% a partir de julio ha provocado reacciones políticas viscerales y una cierta preocupación entre los agentes sociales que consideran inoportuna un alza sustancial de precios regulados en un momento de empeoramiento de la situación económica de las familias. Las críticas políticas carecen de razón de ser, porque el encarecimiento del recibo de la luz, si el Gobierno decide por fin aprobar la subida calculada por la CNE, no se debe a la gestión del Ejecutivo, sino a la supervivencia de un mecanismo lamentable de fijación de precios heredado de los Gobiernos del PP. Este método perverso genera sistemáticamente un déficit, que deben pagar los consumidores presentes y futuros, producido por la diferencia entre la tarifa que autoriza el Ministerio de Industria y el precio del kilovatio fijado en un mercado mayorista que las empresas modifican prácticamente a su antojo.

Como consecuencia de este disparate, la situación de los precios de la electricidad es insostenible. Los consumidores tendrán que pagar tarde o temprano un déficit que a finales de 2008 superará los 12.000 millones de euros. Para las eléctricas la situación tampoco es cómoda. Aunque anoten en su contabilidad los ingresos reconocidos que todavía no han cobrado, puede llegar un momento en que los auditores y las instituciones financieras reclamen algo más que apuntes contables para respaldar sus cuentas. Así pues, la subida de la luz responde a argumentos de peso; en una economía capitalista, los precios deben recoger los aumentos de costes. Existe un argumento más, que es el carácter disuasorio que tienen los precios como incentivo para racionalizar el consumo. Y se trata de un argumento cada vez más importante.

La objeción de oportunidad es más correcta, pero cuestiona las decisiones tarifarias adoptadas torpemente por los Gobiernos anteriores. Quizá hubiera sido más oportuno equiparar las tarifas eléctricas a sus costes reales en momentos de prosperidad económica; pero entre 2005 y 2007 se arguyeron excusas tales como promesas electorales o pánico a perder votos para mantener prácticamente intocados los precios y seguir aumentando así, hasta límites insostenibles, la deuda futura de los usuarios. Las decisiones correctas que se tomen ahora serán forzosamente más dolorosas que si se hubieran tomado en su momento.

La subida de tarifas no agota las tareas del Ministerio de Industria. A finales de este año será necesario probablemente subir de nuevo la electricidad. A cambio de estas subidas, el Gobierno y la CNE están obligados a imponer a las compañías planes de inversiones para mejorar la calidad del servicio y penalizar de forma inmisericorde los apagones y otras miserias actuales del suministro. Igual de inmisericorde se habrá de ser para imponer un sistema de fijación razonable y transparente de los precios de la luz.