El reglamento contra la institución

La Comisión de Peticiones de las Cortes debe reunirse una vez al año para recibir el informe del Síndic de Greuges - el equivalente autonómico del Defensor del Pueblo- y atender las quejas de los valencianos cuyos derechos hayan sido atropellados por las administraciones. Hoy está convocada una reunión de la comisión que preside Milagrosa Martínez, presidenta, a su vez, de las Cortes. Pero no para recibir el informe elaborado por Emilia Caballero, Síndic en funciones desde abril de 2006. Sino para poner en marcha un procedimiento que pretende desbancar a Caballero de su responsabilidad a través de unos retoques en el reglamento de la Sindicatura de Greuges.

Caballero no ha logrado defender ante los parlamentarios ninguno de los informes que se han elaborado bajo su responsabilidad, los que recojen las quiejas ciudadanas de los años 2005, 2006 y 2007. Las Cortes nunca la han convocado. El PP, asentado sobre su mayoría absoluta, tacha a Caballero de partidista, pero no puede desplazarla de la Sindicatura de Greuges sin acuerdo con el PSPV, porque cualquier cambio en la institución requiere una mayoría de tres quintos de la Cortes.

Caballero ejerce como adjunta primera al Síndic desde 1999, cuando fue elegido Luis Fernando Saura a propuesta del PP. Saura falleció en octubre de 2000. Caballero ejerció como Síndic en funciones hasta que fue elegido Bernardo del Rosal, en abril de 2001. Caballero siguió como adjunta primera.

Del Rosal, elegido a propuesta del PP cumplió su misión. Incomodó al poder. El PP decidió retirarle su confianza para un segundo mandato y desde abril de 2006, Caballero ejerce como Síndic en funciones. Y hace su trabajo, incomoda al poder.

En noviembre de 2007, PP y PSPV acordaron nombrar Síndic a José Cholbi, militante de AP y del PP y actual vicepresidente de la Mesa de las Cortes. Pero los socialistas atribuyeron al PP un incumplimiento del reglamento de las Cortes y bloquearon su elección. Desde entonces, es el PP el que reitera que la institución está bloqueada. Y para desbloquearla, en vez de pactar con el PSPV, plantea que el adjunto segundo al Síndic, asuma toda la responsabilidad. Un caso único en la España autonómica.Los defensores del pueblo autonómicos empezaron a insituirse a finales de los años ochenta. En todas las comunidades autónomas son nombrados por una mayoría de tres quintos de cada parlamento. Y se han producido algunos casos de bloqueo institucional. El más prolongado, en el País Vasco, en un parlamento con seis fuerzas políticas. Mercedes Agúndez ejerció como Ararteko durante tres años y medio, entre 2000 y 2004, porque el PSE se negó a revalidar el segundo mandato de Xabier Markiegi.

También estuvo bloqueado el nombramiento del último Síndic de Greuges en Catalunya durante un año. Finalemente, todos los grupos apoyaron a Rafael Ribó, histórico dirigente de Iniciativa per Catalunya, que ejerce desde julio de 2004 y ya es reconocido por incómodo.

Manuel Fraga, entonces presidente de la Xunta de Galicia con mayoría absoluta, decidió proponer como primer Valedor do Pobo a José Cora en 1990. Cora ya había sido el primer presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Prestigió la institución a costa de sonrojar a la Xunta de Galicia y fue unánimemente aclamado para un segundo mandato. Dejó el cargo en 2000 por razones de edad.

El nombramiento de Benigno López González, actual Valedor do Pobo, también se retrasó durante cerca de un año, pero finalmente logró la unanimidad de PP, PSdG y BNG.

José Chamizo, Defensor del Pueblo Andaluz, es un caso singular. Es sacerdote y licenciado en Historia por las universidades de Roma y Granada. Se dedicó a combatir la marginación y la droga en la comarca del Campo de Gibraltar y cobró tal relevancia que recibió la Medalla de Andalucía en 1994. Fue elegido primer defensor del pueblo andaluz en 1996 y el Parlamento andaluz le ha renovado la confianza en 2001 y 2007.

Ningún parlamento autonómico ha modificado un reglamento para destituir a un defensor del pueblo. Los socialistas valencianos afirman, además, que el reglamento no puede modificar la ley, que establece el orden de prelación para el ejercicio en funciones, y que una mayoría simple no puede atentar contra una ley que requiere mayoría cualificada. Pero el PP defiende que si las Cortes tiene la potestad de legislar, mucho más la de reglamentar.