Ningún operador de ITV podrá tener más del 50% del mercado, por ley

Las formaciones políticas que apoyan al Gobierno tripartito (el PSC, ERC e ICV-EUiA) han sucumbido a las presiones de la oposición y de los operadores minoritarios de estaciones de ITV (inspección técnica de vehículos), y han aceptado incluir en la futura ley de seguridad industrial, que está en la última fase del trámite parlamentario, una enmienda parcial que establece la cuota máxima del mercado en el 50%. Applus, propiedad de Carlyle y de un grupo de inversores encabezados por Caixa Catalunya, controla en torno al 83% de las ITV catalanas.

Entre dos ITV de una empresa en zona urbana, la distancia será de 4 kilómetros

La intención inicial del Ejecutivo catalán era dejar la cuota de mercado -el asunto más peliagudo de la nueva ley- para el reglamento, pero la oposición entendía que la polémica normativa apenas concretaba nada, más allá de la voluntad de mejorar la calidad del servicio.

Lo más sorprendente es que CiU ha propuesto ahora una cuota máxima del 35% y que se llegue a ella en un plazo de seis meses. La federación nacionalista fue, en sus últimos días al frente del poder de la Generalitat, la que prorrogó la situación de monopolio en la ITV en favor de Applus, entonces en manos de Aguas de Barcelona. "Ya que no es posible mantener el modelo anterior, que para nosotros era válido, que la nueva ley sea lo mejor posible", se justifica el diputado nacionalista Eudald Casadesús.

La enmienda de los grupos del tripartito, introducida por Esquerra Republicana, no habla de plazos para alcanzar este 50%, otra de las claves del proceso. Lo deja para el reglamento. Con todo, la intención de la Secretaría de Industria de la Generalitat, que dirige el republicano Antoni Soy, es establecer un periodo de transición de hasta cuatro años, y de dos para no sobrepasar el 60%, según un documento interno al que ha tenido acceso este diario.

"A la postre, Applus podrá mantener su posición de mercado cinco años más de lo que quería el tripartito cuando anuló las prórrogas; es como una concesión encubierta", señala CiU.

Applus, cuyo consejero delegado es Joaquim Coello, no podrá optar a ninguna estación más, pero tampoco deberá vender ninguna. Le bastará con escindir una de sus dos empresas de ITV (ECA-ITV) entre los socios minoritarios (las familias Marugan y Puignou), que quieren seguir en solitario. Sólo con esta operación, su cuota ya se situará en torno al 60%.

El plan para desarrollar la ley, según el documento, prevé la creación de 14 estaciones dos años y medio después de la entrada en vigor de la ley (prevista para junio) y de otras seis "en función del nivel de saturación del servicio".

Los operadores -eso sí- tendrán que hacer encaje de bolillos entre ellos, intercambiarse estaciones. La Generalitat no quiere que ningún operador pueda formar concentraciones territoriales, que en la práctica son un monopolio de facto, y establecerá distancias mínimas entre estaciones de una misma empresa. Así, entre dos ubicadas en zona urbana deberá haber cuatro kilómetros. Si están en una zona no urbana, la distancia será de 20, y entre una estación urbana y otra no urbana, de 10. En los 18 municipios del área metropolitana, el grupo Applus, sin dividir, tiene 10 estaciones.