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Solbes exige a los ministros control del gasto tras el aumento de altos cargos

Hacienda advierte de que el nuevo organigrama no puede disparar los costes

Luis R. Aizpeolea

El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, y la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, han enviado una carta a los titulares de todos los ministerios en la que les emplazan a contener el gasto de personal, especialmente tras el aumento de altos cargos provocado por la nueva estructura de Gobierno, creada tras las elecciones generales del 9-M. La carta, aunque no se refiere expresamente a la desaceleración económica, se encuadra en la política de austeridad que se ha impuesto el Ejecutivo ante la delicada situación económica y demuestra su preocupación ante el aumento del gasto de personal que, según algunos informes, ha sido de una media del 7% anual en todas las administraciones en la pasada legislatura.

El presupuesto en personal crece un 7% al año en las administraciones

La misiva, de tan sólo un folio de extensión, advierte a los ministros que Hacienda no financiará el aumento de gasto de altos cargos que ha generado la nueva estructura, con la excepción de los dos nuevos ministerios, el de Igualdad y el Ciencia e Innovación. Los demás ministerios tendrán que autofinanciarse el crecimiento motivado por la nueva estructura.

El organigrama ha crecido en seis nuevas secretarías de Estado, una docena de direcciones generales y varias subdirecciones. Una parte de esa nueva estructura corresponde a los dos nuevos ministerios. Pero otra parte procede del aumento de los altos cargos en ministerios ya existentes.

Así, los de Fomento, Industria y Administraciones Públicas han creado, cada uno de ellos, una nueva secretaría de Estado; y dos, el de Medio Ambiente. Y cada secretaría de Estado arrastra, a su vez, al menos tres asesores ejecutivos así como el mayor gasto que acompaña a la figura de lo que en la práctica es un viceministro (coche oficial, secretaria...). Además de ello, cuenta con una indemnización para cuando termine su mandato.

La carta sugiere, también, que los ministerios eviten la práctica común de utilizar la dotación económica de puestos de trabajo que han quedado vacantes para financiar otras funciones de los ministerios.

Aunque el escrito del vicepresidente no lo señala expresamente, en el Gobierno existe la preocupación por el aumento del gasto de personal de todas las administraciones públicas. Frente al 7% de incremento medio mencionado, la última Ley de Presupuestos fija un crecimiento del 3%. Un crecimiento muy vinculado al de la sanidad y la educación, según señalan algunos expertos.

María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros de ayer.
María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros de ayer.EFE

De la Vega y el "malentendido" con Italia

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que ayer presidió el Consejo de Ministros en ausencia del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, no se cortó en criticar las medidas que acaba de tomar el nuevo Gobierno italiano de Silvio Berlusconi contra la inmigración ilegal, que calificó de "xenófobas". El adjetivo provocó que el embajador de Italia en España, Pasquale Terracciano, pidiera explicaciones al Gobierno.

Fernández de la Vega fue muy directa: "El Gobierno rechaza la violencia, el racismo y la xenofobia, y, por tanto, no puede compartir lo que está sucediendo en Italia", afirmó.

La vicepresidenta denunció "las expulsiones sin respeto a la ley y a los derechos" así como las actuaciones que "pueden contribuir a exaltar conductas violentas con tintes racistas y xenófobos". A juicio de De la Vega, existen mecanismos legales con los que combatir la inmigración irregular preservando los derechos de las personas.

Las declaraciones provocaron que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y su homólogo italiano, Franco Frattini, se reunieran en Lima (Perú), donde ambos participan en la cumbre América Latina Caribe-UE, y acordaron que todo había sido "un malentendido"; que la vicepresidenta no había dicho lo que había dicho. El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, telefoneó desde Lima al embajador de Italia en España para manifestarle que las palabras de la vicepresidenta se referían "a los ataques racistas y xenófobos que se han producido contra campamentos de gitanos rumanos" en Nápoles. Cuando se le preguntó por ello al presidente del Gobierno, Zapatero dio el asunto por zanjado.

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