Marbella halla abogados baratos y de prestigio

El Ayuntamiento de Marbella, gobernado por el PP, ya tiene abogados que luchen por ganar la enorme cantidad de procedimientos que el Consistorio tiene abiertos. La mesa de contratación anunció ayer que se había escogido como profesionales más capacitados para desempeñar el grueso de esta tarea a los despachos malagueños Gaona Abogados y Pelaéz y Camas Abogados.

Este último bufete está dirigido por Manuel Camas, decano del Colegio de Abogados malagueño y antiguo dirigente del PSOE en Málaga capital.

El letrado de Isabel García Marcos no consigue trabajar para el Consistorio

Los dos despachos, que también llevan los asuntos jurídicos de otras poblaciones como Estepona, asumirán más de mil asuntos penales, civiles y contenciosos administrativos. A cambio recibirán 384.000 euros anuales, la máxima cantidad que el Ayuntamiento marbellí estaba dispuesto a gastar. En el apartado laboral, con 150 procedimientos y una reordenación de la enorme plantilla municipal en el horizonte, fue adjudicado por 48.000 euros al letrado Santiago Jiménez Hernández, con experiencia como asesor laboral del Ayuntamiento marbellí.

Entre los nueve aspirantes se encontraban letrados conocidos, por representar a diferentes procesados del caso Malaya, como José Carlos Aguilera, defensa de la ex concejal socialista Isabel García Marcos, imputada en el caso Malaya, o Antonio Galvez Ruiz, abogado de Carmen Revilla, antigua concejal del Grupo Independiente Liberal (GIL). Este último, con más de 45 años de experiencia, no concretó una oferta económica. "Me comprometo a su ejecución por el precio que estime el Ayuntamiento", recogía su escrito. El despacho que representaba José Carlos Aguilera, Torrijos Abogados S.C., aportaba como letrado a Fernando Huelin, el responsable de los servicios jurídicos del PP en Málaga.

Los adjudicatarios obtuvieron mayor puntuación en una tabla en la que se baremó la experiencia judicial, la docencia, artículos publicados o número de letrados que ponían a disposición del Consistorio, entre otros elementos. Está previsto que la adjudicación se formalice el próximo martes y que "el traspaso de poderes" se produzca en dos meses.

Lo ajustado del presupuesto para servicios jurídicos, por debajo del precio de mercado, ha hecho que muy pocos de los postulantes hicieran ofertas económicas más bajas. "No se trataba sólo de dinero, sino de conseguir a los más capacitados", dijo el portavoz municipal, Felix Romero. Los 1.212 pleitos calculados en el momento de licitar los servicios jurídicos -la cifra está en constante aumento- se pagarán a una media de 356 euros por causa. El contrato es por dos años, pero se podrán revisar las condiciones económicas si se produce un gran aumento de la litigiosidad.

A comienzos de semana, el Ayuntamiento anunció que había decidido personarse en 138 procedimientos penales en apenas un año. Unas 80, por licencias de obras ilegales. El gran objetivo es recuperar los fondos esquilmados a las arcas municipales y reparar de los 15 años de gobiernos del GIL. "La contratación puede ser muy rentable. Al cabo de los años, podremos recuperar lo que invertimos ahora", auguró Romero.