Justicia pone orden en las fundaciones y las obliga a ser más transparentes

En Cataluña hay inscritas 2.278 fundaciones. La mayoría son culturales (1.083) y asistenciales (846), pero también hay otras 261 relacionadas con el mundo de la enseñanza y 88 científicas. El año pasado tenían previstos unos ingresos de 1.520 millones de euros y sólo 700 de estas fundaciones emplean a más de 50.000 personas, lo que da una idea de su importancia. Tanta, que una de cada cuatro fundaciones que hay en España está radicada en Cataluña.

El Departamento de Justicia ha impulsado una ley para poner orden en el sector y aplicar más filtros de control en su gestión. Y es que bajo el paraguas de una fundación no siempre se realizan actividades sin ánimo de lucro ni centradas en los fines benéficos que se declaran, sino que pueden llegar a ser una estratagema para lograr beneficios fiscales. El ejemplo más es el caso Intervida destapado hace unos meses, cuando afloró un complejo entramado de fundaciones que servían de pantalla para actividades supuestamente lucrativas y delictivas.

La ley catalana que regula las fundaciones y asociaciones corresponde al Libro Tercero del Código Civil de Cataluña y fue aprobada de forma casi unánime por el Parlament el pasado 16 de abril. Entrará en vigor el próximo 2 de agosto. Una de las principales novedades es la exigencia mínima de 60.000 euros para poder crear una fundación, el doble de lo que se reclamaba hasta ahora, aunque no estuviese escrito en ninguna norma.

También será necesario que exista un informe validado por técnicos independientes cuando se tenga que realizar una operación económica de más de 60.000 euros o el 20% del activo de la fundación. Esa operación, además, se deberá comunicar al protectorado de la fundación, un organismo que ahora era decorativo en algunos casos. La nueva ley también impone el autocontrol de la fundación y la exigencia de responsabilidad a los patronos. A partir de ahora, además, los patronos no podrán prestar servicios profesionales o laborales retribuidos.

El año pasado, el Departamento de Justicia reclamó en el juzgado la disolución de 24 fundaciones de todo tipo al apreciar irregularidades en su funcionamiento interno. Igualmente, Justicia solicitó de los responsables de Economía de los gobiernos central y autónomo que otras 258 fundaciones dejasen de tener exenciones fiscales. Entre las fundaciones más importantes figuran la de La Caixa, la que gestiona el Instituto Guttmann y la de la compañía Abertis. La ley les obligará ahora a nombrar uno o más directores que no podrán ser miembros del patronato y se separan las funciones ordinarias de las de gobierno.

El impulsor de la ley ha sido José Pascual Ortuño, director general de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalitat. En su opinión, "se trata de adaptar las fundaciones a la nueva realidad social y que dejen de tener la función de beneficencia que pudieron tener por la falta del servicio asistencial del Estado".