El mapa de la confrontación de Camps

El Consell de Camps está a punto de cumplir el primer año de su segunda legislatura. Durante este tiempo la gestión ha estado marcada por la confrontación con el Gobierno central que lidera José Luis Rodríguez Zapatero. Camps, su Gobierno y el PP afirman que la Generalitat reivindica pocas cosas (agua, infraestructuras, financiación y mayor seguridad ciudadana) pero con insistencia. Sin embargo, la realidad cotidiana demuestra que son más de cuatro los motivos de enfrentamiento con el Gobierno socialista. A continuación se detallan los hitos más significativos del mapa de la reciente confrontación de Camps con Zapatero.

- Agua. Es la reivindicación estrella de Francisco Camps. La no inclusión del trasvase del Ebro en el programa electoral de Mariano Rajoy en las pasadas elecciones generales hizo que la reivindicación pasara a un segundo plano. La decisión del Gobierno de aprobar un trasvase de urgencia a Barcelona, con agua del Ebro, desde Tarragona, ha vuelto a colocar esta exigencia en el frontispicio del Palau de la Generalitat. El PP y el Consell han retomado las movilizaciones institucionales y cívicas para reclamar que se recupere el trasvase del Ebro derogado hace cuatro años. Tan solo en el último mes, Camps ha mantenido cuatro reuniones con sus homólogos murciano, Ramón Luis Valcárcel, y andaluz, Javier Arenas, además de recabar el apoyo de Mariano Rajoy, la madrileña Esperanza Aguirre y el catalán Daniel Sirera. La pretensión de los regantes de Villena de exigir agua, mientras venden la que tienen ha empañado la posición del PP en este frente.

El agua es el tema estrella y cuenta con el apoyo de la cúpula del PP

La Generalitat pide poder decidir sobre la puesta en marcha de los juzgados

Casi todas las consejerías exigen más financiación del Gobierno

Los conflictos por las competencias afectan a Educación y Gobernación

- Justicia. Es el último frente abierto por el Consell. Un frente que dirige el consejero de Justicia, Fernando de Rosa, que achaca las deficiencias en la Administración de Justicia a la falta de jueces y de juzgados, competencia del Gobierno central. De Rosa niega que la falta de medios humanos y materiales, que son competencia del Consell, tenga nada que ver con el colapso de los juzgados. El PP tiene previsto presentar mociones e iniciativas parlamentarias para reclamar que la Generalitat asuma la competencia de decidir en qué orden y cuándo entran en funcionamiento los nuevos juzgados. De Rosa exige, además, una ley de Modernización de la Administración de Justicia. "No podemos luchar constantemente contra las zancadillas que nos pone el Gobierno para poner en marcha los juzgados", dice el consejero.

- Policías. La tasa de criminalidad no ha subido, pero la Generalitat mantiene su exigencia al Gobierno para que destine más agentes a la Comunidad Valenciana, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. La reivindicación se inició con la demanda de un millar de agentes más. La cifra ya ha aumentado hasta 3.000. El propio Camps reclama, además, que el Gobierno suba el sueldo a los agentes, hasta equiparar sus salarios a los de las policías autonómicas. El PP también exige más medios materiales para las fuerzas de seguridad e insta a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a cumplir ya la promesa de rehabilitar el cuartel de Zapadores en Valencia.

- AVE. Con las obras del AVE Madrid-Comunidad Valenciana en ejecución, las quejas del jefe del Consell se centran ahora en el retraso de la puesta en marcha de esta infraestructura -el Gobierno ha conectado antes Barcelona, Málaga y Valladolid con Madrid- y en la exigencia de que se inicie ya la conexión Valencia-Castellón-Tarragona. Para Mario Flores, consejero de Infraestructuras, el Gobierno propone un AVE "de segunda" que no supere los 300 km/hora.

- Cercanías. Consell y PP exigen el traspaso de la red de Cercanías de Renfe, pero reclaman que el Gobierno invierta antes 2.500 millones de euros en los próximos 12 años para dejar las instalaciones en perfectas condiciones. Los socialistas valencianos critican que la Generalitat reclame esta competencia cuando, en su opinión, es incapaz de gestionar bien la red de metro.

- Metro. Camps, a través del consejero de Infraestructuras, reclama que Zapatero pague un tercio de las nuevas líneas de metro y tranvía, o de la prolongación de las ya existentes.

- Autopista. Aunque el Consell reclama del Gobierno central la duplicación de la N-332 y la N-340 y un buen número de rondas y variantes para evitar las travesías, la última exigencia de Camps a Zapatero ha sido una nueva autopista de peaje que una Madrid y Valencia y que discurra paralela a la actual A-3. Y ello, pese a que ya existe una nueva autopista Madrid-Levante, AP-36, gestionada por Cintra, que discurre paralela a la A-3 entre las localidades de Ocaña y La Roda y que se anuncia con el lema Escápate del gran atasco. Además, hay otras reclamaciones menores ante Fomento, como la ampliación en dos carriles de la V-30 y la construcción de tres puentes nuevos cuyo coste se estima en 256 millones de euros.

- Aeropuertos. Estas reivindicaciones ahora están en segundo plano, pero Camps reclama una nueva terminal en Manises, la segunda pista en L'Altet y la capacidad de cogestionar los aeropuertos como sucede ahora con los puertos de interés general.

- Somos cinco millones. Las tensiones presupuestarias de la Generalitat han convertido la exigencia de que el Gobierno transfiera más dinero en una prioridad. Como en las exigencias sobre el agua, Camps ha puesto en marcha la presión institucional y la social. Así, mientras el Consell presiona al Gobierno, el PP ha puesto en marcha la campaña Somos cinco millones -que imita la realizada por Jordi Pujol y CiU a finales de los ochenta en Cataluña con el lema Sóm sis milions-. El objetivo es que Zapatero revise ya la financiación autonómica en base a la población, lo que supondría según la Generalitat una transferencia extra de 500 millones anuales.

- Más capacidad de endeudamiento. Ante la situación de desaceleración económica y las tensiones presupuestarias existentes, el propio Camps reclama al Ministerio de Economía autorización para romper el límite de endeudamiento, pese a que la Comunidad Valenciana está a la cabeza de las autonomías con mayor deuda por habitante.

- Mayor inversión estatal. El consejero de Economía, Gerardo Camps, demanda que la inversión anual del Estado sea como mínimo la participación del PIB de la Comunidad Valenciana en el conjunto español.

- Educación para la Ciudadanía. Camps no pondrá trabas a los padres que decidan objetar y se nieguen a que se imparta esta asignatura a sus hijos. Dado que es decisión del Estado la inclusión de Educación para la Ciudadanía en el sistema educativo, Camps hará uso de sus competencias y la impartirá en inglés. Una decisión que muchos interpretan como un boicot en toda regla a una asignatura rechazada por la Conferencia Episcopal.

- Contrato de integración para inmigrantes. Las críticas a la política de inmigración de Zapatero han sido continuas por parte de la Generalitat. La última vuelta de tuerca ha sido el anuncio de que el Consell pretende implantar una especie de contrato de integración para inmigrantes. La propuesta, calificada de xenófoba por asociaciones de inmigrantes, no puede tener efectos legales porque excedería las competencias autonómicas. El Consell reclama competencias estatales en inmigración, como la concesión de los "permisos laborales temporales o las reagrupaciones familiares".

- Ley de Dependencia. "El tema de la financiación tiene que ser equiparable al sistema de pensiones, para que todas las personas dependientes puedan ser igual tratadas, independientemente del lugar donde residan". Con esta argumentación, el Consell, que afirma que asume el 95% del coste, reclama que el Gobierno financie adecuadamente la atención a las personas dependientes.

- Sanidad. La Generalitat tiene un amplio rosario de quejas hacia Zapatero. El Consell exige mayor financiación estatal para la sanidad valenciana, que el Gobierno pague parte del nuevo hospital La Fe de Valencia y que sufrague un porcentaje de nuevas prestaciones como la vacuna contra el cáncer de útero.

- Conflicto constitucional. El Ejecutivo que preside Camps ha multiplicado el trabajo de los servicios jurídicos de la Generalitat. La pugna de mayor calado con el Gobierno tiene como transfondo la capacidad o no de la Generalitat para desarrollar el antiguo derecho foral o civil valenciano. El Gobierno tiene recurrida la primera de estas leyes, la del Régimen Económico y Matrimonial. Pero el Consell también ha recurrido las ayudas al alquiler joven del Gobierno y la regulación estatal de empresas de inserción social.