La financiación autonómica: una panorámica

El actual sistema de financiación de las comunidades autónomas (CC AA) de régimen común se basa en una lógica simple. Primero, se determinan las necesidades de gasto en los servicios autonómicos prestados en cada territorio. Después, se concreta cómo se financian.

En estos momentos las CC AA cuentan con una serie de tributos cedidos completamente (el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o el impuesto sobre sucesiones, entre otros) y otros parcialmente: un tercio del IRPF pagado por los residentes de cada territorio, junto al 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales sobre hidrocarburos, tabaco o alcohol soportados por esos mismos residentes. Para evitar confusiones, debe quedar claro que lo que se cede son porcentajes de los impuestos que soportan los gallegos, si hablamos de Galicia, y no de lo que se recauda en las oficinas gallegas de la Agencia Tributaria. La distinción es importante, porque uno u otro criterio generan resultados muy diferentes. El mejor ejemplo nos lo da el impuesto sobre el tabaco. En 2005, su recaudación en Galicia fue de cero euros. Porque en Galicia ya no producimos cigarrillos y cigarros, ni nos dedicamos a su importación. Eso se hace en otras partes de España, donde las empresas correspondientes ingresan el impuesto. No obstante, los gallegos fumamos y, por tanto, soportamos los impuestos correspondientes: 300 millones de euros en 2005, de los que 120 (el 40%) se fueron a financiar a la Xunta.

En general, en todos los tributos la recaudación en Galicia es muy inferior a los impuestos soportados por los gallegos. En consecuencia, es absurdo plantear desde Galicia propuestas basadas en quedarse con una parte o todo lo que se recauda aquí. Saldríamos perdiendo claramente con respecto a modelos, como el actual, que nos asignen recursos en función de los impuestos efectivamente soportados. Aunque a veces el ruido en los medios de comunicación pueda confundirnos, entiendo que ninguna fuerza política gallega (y tampoco la propia Xunta) defiende una reforma que nos lleve a depender de la recaudación en Galicia. Sería hacerse un harakiri financiero.

Lógicamente, cuando los porcentajes de cesión tributaria son los mismos en todas las CC AA, como en la actualidad, se generan diferencias notables en los recursos obtenidos. En general, los territorios con mayor renta per cápita reciben mucho más que los que tienen menos. Por eso existe el llamado "fondo de suficiencia", que no es sino una transferencia de recursos que hace la Administración central a las CC AA. La fórmula de calcular ese fondo de suficiencia es sencilla y muy solidaria. A cada comunidad se le entrega la diferencia entre lo que necesita y lo que le genera su cesta de tributos. Diferencia que en el caso de Baleares y Madrid llega a ser negativa; dado que tienen una gran capacidad fiscal, los recursos que les otorga su cesta tributaria superan el importe de sus necesidades reconocidas y deben devolver el exceso. Por tanto, el modelo está profundamente comprometido con la idea de equiparar a todas las CC AA en términos de capacidad para prestar servicios públicos. Podemos sintetizarlo en la idea de que es un sistema que gira en torno a la idea de las necesidades (de gasto), no de las capacidades (fiscales). Por eso una Comunidad con potencial fiscal claramente inferior a la media como Galicia cuenta con recursos per cápita superiores a la Comunidad de Madrid o Cataluña (figura 1).

Llegamos así a la segunda idea que debe orientar una estrategia para Galicia: nos interesa que el nuevo modelo siga gravitando sobre la idea de las necesidades de gasto. Debemos escapar de propuestas que partan de hablar de capacidad fiscal y pongan en el frontispicio el lado de los ingresos. Eso es lo que les interesa a los territorios ricos, no a nosotros. Precisamente, lo que se plantea desde Cataluña es el giro del modelo actual hacia otro que reconozca y prime las capacidades fiscales. La generalización de su propuesta llevaría a que al calcular el fondo de suficiencia para las CC AA con menor capacidad fiscal no se les entregase la diferencia entre el importe de sus necesidades y de su cesta de tributos, sino sólo una parte: entre el 65% y el 75%. Algo que, lógicamente sería contrario a los intereses de Galicia. He aquí el tercer arbotante de una estrategia razonable para Galicia. El sistema debe nivelar el 100% de la diferencia entre necesidades de gasto y cesta de tributos.

Un cuarto punto, en el que no voy a detenerme demasiado, por evidente, es que Galicia debe poner encima de la mesa los argumentos para conseguir que se le reconozcan mayores necesidades de gasto relativas: el envejecimiento poblacional y la dispersión son están hoy insuficientemente ponderados como factores de sobrecoste.

Finalmente, hay que hacer referencia a la autonomía tributaria. En la actualidad, es verdad que tenemos un sistema muy solidario, pero excesivamente dependiente de transferencias; sobre todo en el caso de las CC AA con menores niveles de desarrollo. La segunda figura adjunta muestra el peso del fondo de suficiencia y el fondo de garantía sanitaria sobre el total. Galicia se aproxima al 50%, una cifra muy elevada. Debemos presionar para reducirla. Y aquí se abren dos posibilidades. Aceptar un incremento en los porcentajes de cesión de tributos hasta el 50% generalizado para todos, o apostar por la diversidad de porcentajes. Dejando a un lado otras consideraciones, la propuesta de los porcentajes de cesión diferenciados podría interesarnos, siempre y cuando los territorios más ricos la aceptasen. Es decir, si Cataluña acepta quedarse con un 50% mientras nosotros nos llevamos un 80 o 90% de IVA, impuestos especiales e IRPF. Porque lo que sería poco inteligente sería convertirnos en adalides de la cesión tributaria generalizada. Algo que, como se señalaba antes, conviene a los más ricos, quienes suelen preferir hablar de capacidad económica antes que de necesidad social como criterio de reparto.