Alegret censura la cualificación del personal judicial interino

Es un personal "no cualificado en su mayor parte". Así definió ayer la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), María Eugenia Alegret, a los trabajadores interinos de la Administración de justicia, que son el 37,7% de un total de 6.011 empleados. A ese porcentaje hay que añadir otro 12% entre los funcionarios que están de baja, los refuerzos o las maternidades, de manera que, aproximadamente, la mitad de las plazas no tienen titular.

En 22 partidos judiciales de Cataluña más de la mitad de la plantilla está cubierta por funcionarios interinos. En el caso de Gandesa, por ejemplo, llega al 100%, mientras que en Figueres es el 71% y en Olot, el 62%. La solución no llegará hasta el año próximo, cuando el Departamento de Justicia convoque 1.146 plazas, dijo Alegret durante la presentación de la memoria anual.

Esta situación de interinidad de la justicia se arrastra desde hace años y afecta a otros ámbitos. En Cataluña, por ejemplo, hay 691 personas impartiendo justicia, entre jueces y magistrados. De ellas, 110 eran jueces sustitutos al acabar 2007 y 69 de esas plazas estaban vacantes.

Además, según Alegret, "cada día es mayor la incidencia de las vacantes generadas por enfermedades relacionadas con embarazos, maternidad y excedencias por cuidados de los hijos con reserva de plaza como consecuencia de la "entrada mayoritaria de las mujeres en la carrera judicial".

Ampliando un poco la mirada atrás se constata que el 31% de los jueces que hay en Cataluña se han ido a otro destino en los últimos cinco años. Es una realidad que ya describía hace años Guillem Vidal, el antecesor de Alegret, cuando aseguraba que "Cataluña no era tierra de opositores a jueces, ni de funcionarios". La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se produjo en el año 2003 y que permite a un juez cambiar de destino al cabo de un año en lugar de dos, como ocurría hasta entonces, explica esta gran movilidad.

Con los secretarios judiciales, la situación es igual o peor. Hay 578 en toda Cataluña y el 40% de las plazas también están vacantes y las ocupan sustitutos.

Alegret también arremetió ayer contra el Consejo General del Poder Judicial, del que dijo que elabora unas estadísticas judiciales que "no son fiables" porque los jueces de Madrid y Valencia, por ejemplo, registran sus asuntos de una manera distinta a los de Barcelona.

Eso comporta que, a la hora de hacer los cálculos sobre carga de trabajo, en aquellas ciudades parezca que la justicia está más saturada, cuando en realidad no es así. Por eso, Alegret pidió que el Poder Judicial gobernado por una mayoría conservadora "establezca registros unificados para toda España", al tiempo que advirtió que los jueces catalanes "intentan no incrementar ficticiamente las cifras".

También recordó la saturación en la que se encuentran los juzgados de ejecutorias de toda Cataluña y calificó de "muy deficiente" el sistema informático que ha instalado el Departamento de Justicia. "Es un asunto que siempre ha preocupado a la Sala de Gobierno y no ahora que estamos bajo el síndrome Mari Luz", dijo Alegret para disipar cualquier sospecha a raíz de los miles de sentencias de los juzgados penales que hay en Cataluña en trámite de ejecución.

Son 56.781, de las que 22.499 corresponden a la ciudad de Barcelona. El juzgado más colapsado es el de Vilanova i la Geltrú, con 4.000 asuntos.