PSE y PP dan un giro y apoyan la Agencia de Cooperación

En febrero de 2007, el PSE y el PP rechazaron la Ley de Cooperación al Desarrollo con diversos argumentos, como la ausencia de un compromiso para destinar el 0,7% del presupuesto vasco a los países del Tercer Mundo, la inexistencia de coordinación interinstitucional y, especialmente, la ausencia de una Agencia vasca de Cooperación al Desarrollo.

La ley salió adelante finalmente con el apoyo que EHAK brindó al tripartito. Ahora,un año y dos meses después, socialistas y populares apoyan la creación de la agencia, que recala en el Parlamento con un proyecto propio de ley elaborado por el Gobierno. Socialistas y populares justifican ahora este apoyo en los "cambios sustanciales" que han logrado introducir en el texto.

La parlamentaria del PSE Natalia Rojo resume estos cambios "en la línea de una mayor coordinación interinstitucional dentro y fuera de Euskadi". Se trata de una coordinación que en la ley de Cooperación "brilló por su ausencia", señaló Rojo a EL PAÍS. Ahora, gracias al acuerdo sobre la agencia, el capítulo más importante de aquélla, socialistas y PP consideran que se corrigen las insuficiencias.

La nueva agencia, que funcionará como una entidad pública de derecho privado (similar a Osakidetza), planificará, coordinará, gestionará los fondos y ejecutará la política de cooperación. En los últimos años, la gestión administrativa de la cooperación ha ganado en complejidad. De nacer como una única convocatoria de ayudas vinculada a una partida presupuestaria específica a la que se apuntaban las ONG ha pasado a configurarse como una auténtica política pública. Desde 2002, el presupuesto destinado por el Ejecutivo a cooperación para el desarrollo ha crecido un 50%, pasando de 30 a 45 millones de euros para este año.

El acuerdo con PSE y PP permitirá introducir mecanismos de coordinación entre la agencia y las diputaciones y ayuntamientos, así como con los organismos de cooperación al desarrollo en el ámbito español, de la UE y la ONU. Dos personas designadas por la Cámara se sentarán en su consejo rector, que guardará equilibrio entre la representación del Ejecutivo y la de otras instancias, como las ONG.