"Voy a enganchar a los empresarios"

Nacido en Sevilla hace 41 años, casado y con dos hijos, Juan Espadas Cejas es el nuevo consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio. Licenciado en Derecho, "abogado", apostilla; máster en Política y Gestión Medioambiental y diplomado en Alta Dirección de Empresas, ha pasado la mayor parte de su carrera profesional y política en la administración del medio ambiente. Se muestra entusiasmado en el proyecto y asegura que está convencido de "enganchar a los empresarios" para resolver el problema de la vivienda.

Pregunta. ¿Le han entregado la patata caliente del Gobierno?

Respuesta. Eso es lo que me dicen todos. Esta consejería tiene una parte caliente y otra que es más un reto. Prefiero verla en positivo. Tiene el control del urbanismo y la ordenación territorial. Ésa es la parte más compleja y la que la gente ve más delicada. Y luego tiene la parte de vivienda, en la que hay muchas esperanzas puestas. Y bueno, se sabe que es compleja y que requiere que todos los agentes pongan de su parte para lograr los objetivos. Ésa es la cara amable o la más cercana al ciudadano.

"Tengo el mandato de revisar todos los procedimientos administrativos"

"La Ley del Derecho a la Vivienda debe ser impecable y explicarse bien"

P. ¿Se lo esperaba?, ¿cómo se lo dijo el presidente?

R. Llevo prácticamente toda mi carrera en Medio Ambiente, en distintas responsabilidades. Y cuando estás tanto tiempo en el mismo departamento, te consideras parte del propio aparataje de la Administración ambiental. Y sólo me planteaba que cuando acabara mi etapa me iría a la abogacía. La última legislatura abrió una etapa, con las competencias del agua, que hizo pensar que necesitábamos más tiempo. Y sí, tuve el privilegio de sentarme con el presidente en un despacho y hablar de mi nuevo cargo.

P. ¿Tiene vivienda propia o vive de alquiler?

R. Soy un beneficiario del primer Plan de Vivienda. Me casé en 1993 y un año antes hice mi solicitud al plan, abrí mi cuenta de ahorro vivienda y me acogí a un piso de precio tasado.

P. ¿Cuál es la primera medida que va a tomar?

R. Quiero lanzar un mensaje positivo al sector y a los ciudadanos. Y dar una respuesta a un segmento de la población, a los jóvenes y a su necesidad de vivienda.

P. ¿Cuál es la demanda real de pisos y dónde se concentra?

R. Donde tenemos el problema es en la gente de 30 a 35 años, que gana 1.000 euros y no puede emanciparse. Me dicen algunos alcaldes que la demanda está en no más de 35 municipios y de manera prioritaria en 15 o 20.

P. Los empresarios están encantados con usted. Le han dicho en público que es dialogante, flexible y buen gestor.

R. No es más que el conocimiento de muchos años trabajando en una parcela que no era mucho más sencilla que ésta, desde el punto de vista de la relación con los empresarios. He asumido en primera persona muchas negociaciones. La gente me ha visto enfadado, negociando duro en un tema, pero, en cambio, resolviendo otros. El nivel de conocimiento permite ser más justo en la valoración. La negociación de la ley de gestión de la calidad ambiental, que se veía como un elemento que iba a bloquear el dinamismo y la situación económica, fue un elemento básico para que me vieran en la voluntad de buscar fórmulas de agilización de procedimientos administrativos. Sin perder rigor pero siendo flexible.

P. Usted ha pedido al sector que dé por concluida la etapa anterior. ¿Por qué?

R. Porque tuve ocasión de comprobar en el tema del golf cómo se posicionaban frente a las decisiones de la Junta. Obras Públicas asumió el papel más fuerte, de Goliat. Medio Ambiente estuvo en segundo plano. Le dije al presidente de los empresarios que si la legislatura pasada ha sido un desajuste del mercado, de precios y un sálvese quien pueda con un criterio especulativo, y las circunstancias nos han llevado al ajuste, y ha coincidido con una etapa en la que el Gobierno andaluz sabía que tenía una asignatura pendiente en materia de ordenación del territorio para hacerlo más sostenible, pues claramente la batalla se libró la pasada legislatura. El marco jurídico ya lo tenemos, faltan instrumentos de planificación, pero eso ha terminado.

P. ¿Y qué propone ahora?

R. Me gustaría que fuera la fase de gestión de los instrumentos de planificación. Ahora viene la gestión del urbanismo y la ejecución de los planes, que son una auténtica caja de proyectos económicos que alguien tiene que liderar y promover. Me gustaría que los ordenadores del territorio también fuesen gestores de los instrumentos de planificación, a la búsqueda de soluciones y de alternativas económicas. Sé que voy a enganchar ahí a los empresarios. Porque lo que buscan es seguridad jurídica. Me decía el sector turístico: 'Siempre nos decis qué es lo que no podemos hacer, decidnos qué podemos hacer'. Puede ser una legislatura muy positiva.

P. Los empresarios le han pedido agilidad administrativa, disponibilidad de suelo y revisión de módulos. ¿Son posibles?

R. Son las tres cosas sobre las que estamos trabajando. Y por los datos que tengo del tercer borrador del plan concertado de vivienda, ya con las alegaciones, tenemos posiciones bastante cercanas. Los anteriores planes de vivienda no habían despertado tantas iniciativas de consenso.

P. ¿En los precios también?

R. Bueno, si el marco es de consenso, haber ampliado las áreas de aplicación de los módulos ha sido un paso. No veo muy lejos las posiciones y, sobre todo, estamos de acuerdo, Junta, patronal y sindicatos, en que el plan tiene que salir en un mes. Hay que lanzar mensajes en positivo. Si nos separan dos o tres condiciones de tipo técnico lancemos el plan y sigamos discutiendo.

P. ¿Por qué se tarda en poner en carga un suelo urbanizable hasta un año y medio?

R. Esta consejería es de mucho rigor. Sin embargo, no es lo mismo si no tienes una planificación previa. Hay una prioridad marcada por el presidente de la Junta de que revisemos todos y cada uno de los procedimientos administrativos, sobre todo los de autorización.

P. ¿Y qué medidas propone?

R. El principal problema es la adaptación de los planeamientos a la ley. Tengo un mandato claro que es terminar todo el planeamiento urbanístico municipal. Eso significa que la dirección general de Urbanismo no va a estar a la espera de que el ayuntamiento dé el paso, sino reforzar el papel de asesoramiento, apoyo y no sólo de financiación. Las unidades de ejecución del planeamiento deben estar a máximo rendimiento. Necesito que la gente de la consejería salga de las comisiones de urbanismo y se tire a la calle a hablar con los alcaldes para finalizar la adaptación.

P. Pero esa adaptación va muy retrasada.

R. Los datos que tengo es que sólo se han adaptado 60 municipios. Pero aún no me he sentado con los ayuntamientos.

P. Precisamente los constructores se quejaban de los límites para todos.

R. Es cierto que hay mucha casuística. Pero los porcentajes buscaban sentido común y decir a los ayuntamientos que no se podían plantear desarrollos sobre la suma de proyectos privados que les habían ofrecido. Se pedía un modelo de ciudad.

P. Otra demanda del sector es que los ciudadanos creen que las viviendas se las van a regalar prácticamente o que los precios van a caer mucho.

R. Estamos ante una caída de precios, fundamentalmente en vivienda usada, pero en cambio la VPO ha subido. En este ajuste, lo que va a pasar es que el precio no va a bajar mucho más, pero habrá que ver qué precios son los que hay que poner para hacer atractivo al sector la construcción de VPO y ofrecer un producto a la gente que no se puede permitir una vivienda libre. Para eso necesitamos de los promotores. Solos no podemos.

P. ¿Cree posible llegar a las 300.000 de VPO en 10 años?

R. Estoy convencido de que es un dato realista. Se pueden hacer. La gente en esta consejería no improvisa, y lo habrán cuadrado muy bien.

P. ¿Qué cree que va a poder hacer el ciudadano con la futura ley del derecho a la vivienda?

R. Lo que le voy a decir a mi equipo es: vamos a aclararnos dónde y cuándo ponemos el contador, porque el periodo de maduración de una vivienda es de tres años. Lo que va a hacer la ley es materializar un derecho que hay que dotar de contenido, y que estará muy modulado en función de ingresos o de capacidad. Pero la norma tendrá que ser jurídicamente impecable. Porque las expectativas que abrirá esta ley son muchas. Habrá que delimitar la oferta de concreción del derecho que se está ofertando, y habrá que explicarlo muy bien a la gente.