Acuerdo para recurrir la anulación del plan de Ourense
La corporación municipal orensana decidió ayer por unanimidad presentar sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo contra dos sentencias del Tribunal Superior de Galicia (TSXG) que, de momento, anulan en su totalidad el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense. A la sentencia que da la razón al promotor Delio Óscar Santalices se suma otra, consecuencia de la denuncia presentada por la empresa ATL Urbanistas, que basa la anulación total del planeamiento en la "ausencia de informe sobre redes públicas de comunicaciones electrónicas".
En el caso de los dos socios de gobierno (PSOE y BNG) la decisión de recurrir ante el Supremo se basa en la esperanza de que admita a trámite los recursos y tarde dos o tres años en dictar sentencia. Ni PSOE (que presentó denuncia contra ese plan) ni BNG lo aceptan, pero su anulación impide ejecutar obras e inversiones previstas. El gobierno orensano confía en ganar tiempo para redactar otro planeamiento e ir haciendo modificaciones en el actual "garantizando el desarrollo urbanístico de la ciudad". El PP respaldó los recursos tras aprobar en solitario el plan en 2003.
Un polvorín
No hubo debate en este punto del orden del día del pleno de ayer, pero la complejidad que se presenta ahora para el gobierno local y la brecha abierta entre los dos grupos que lo forman y la oposición, convirtió la sesión en un polvorín. El alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, acabó retirando el uso de la palabra a los populares cuando su portavoz, Javier Rodríguez Nóvoa, le replicó con un "tiene usted los cojones más grandes que el caballo de Espartero" a la advertencia del regidor de que habían cometido con el planeamiento, "el desastre más grande de los últimos 50 años en la ciudad".
El regidor hizo el comentario a raíz de una intervención del ex alcalde Enrique Nóvoa, quien aseguró que la mitad de los 55.000 litros que se vertieron desde un depósito de las tuberías de Renfe a la red de alcantarillado de la ciudad fueron a parar al Miño. El ahora líder de la oposición aseguró tener constancia de que "hace ya dos años que la depuradora sólo depura el 50%". El alcalde le acusó de mentir y leyó los informes de Aquagest, la concesionaria del servicio de aguas, contratada en su día por el PP, que certifica que "no cayó un solo litro al Miño".
