Consumidos
E. G. circulaba el 27 de septiembre de 2007 por la carretera C-35, en la provincia de Girona. Paró en una gasolinera para repostar y decidió utilizar los lavabos. Estaban cerrados. Y la empleada le dijo que no se podían usar, que estaban en obras y que si quería orinar, que fuera al campo. Ni corto ni perezoso, E. G. pidió las hojas de reclamaciones, rellenó la denuncia, recordando que las gasolineras tienen la obligación de tener un juego de pesas y medidas y los lavabos en condiciones. Días después, el 3 de octubre, remitió la queja a la Agencia Catalana de Consumo, dependiente del Departamento de Economía. Pasó un día y otro. Y hasta un mes y otro. Pero el 11 de abril (siete meses después), tuvo respuesta a su queja. Decía lo siguiente: "Le comunico que se ha dado traslado de su denuncia por razones de competencia al organismo siguiente: Sección de Consumo en Girona".
Trasladado el asunto a la agencia, su respuesta no ofrece lugar a dudas: "La Agencia Catalana del Consumo reconoce que en este caso se han producido retrasos injustificables en la tramitación". Califica el trato recibido por el usuario en la gasolinera como inaceptable y desconsiderado. Pero, siempre hay peros cuando el ciudadano trata con la Administración y tiene razón; dado el tiempo transcurrido hay un "problema de comprobación". Además, se ha procedido a inspeccionar la gasolinera y "actualmente los servicios están abiertos al público".
La Agencia de Consumo señala que hará lo posible para que lo ocurrido no se repita. El cliente, también: elegirá otra gasolinera. No podrá elegir otra Agencia Catalana del Consumo. Como en tantas otras ocasiones, el error de la Administración no origina compensaciones para el usuario ni tiene consecuencias entre los empleados públicos que son literalmente irresponsables, es decir, que no tienen responsabilidad alguna ni de lo que hacen ni de lo que dejan de hacer. E. G. estaba indignado por la tardanza en contestarle. Y se pregunta para qué sirve "un organismo con inspectores que sólo levantan acta" y funcionarios escasamente diligentes. El director se llama Jordi Anguera.
Para quejas sobre el comportamiento de las administraciones y empresas públicas, pueden dirigirse a catalunya@elpais.es a la atención de Francesc Arroyo.
