Una idea de España

El presidente del Gobierno, utilizando la forma de la reiteración expositiva, quiso marcar el discurso en demanda de apoyos para su investidura con la disponibilidad de una "idea de España". Quizá lo haya hecho para desarmar el latiguillo con que le zahirió el Partido Popular durante la anterior legislatura, acusándolo de carecer de ella. Pero creo que también lo hizo por consciencia de que, efectivamente, el Partido Socialista, o el Popular, como organizaciones canalizadoras de la representación conjunta de la soberanía nacional, necesitan disponer de una idea de España, una, conjunta, que sin merma del reconocimiento de la diversidad en que se funda esta España democrática, garantice la estabilidad y el desarrollo del sistema de convivencia asumido en su orden constitucional.

Al PSOE y al PP les corresponde reforzar los elementos centrales del Estado autonómico

Quiero con ello decir que, en la práctica, a estos dos partidos les corresponde la responsabilidad de reforzar los elementos centrales del Estado de las autonomías, de modo que, ejerciendo cada una de ellas el mayor grado posible de autogobierno, no sólo la eficiencia sino también la garantía del mismo, queden preservadas por un funcionamiento igualmente eficiente del Estado. Y uno de los requerimientos principales de la eficiencia estatal es, sin duda, la legitimidad o aceptación con que pueda imponer criterios comunes sobre las reglas del juego. Y digo comunes, es decir, de todos a una, con lo que también digo que la actuación del Estado, incluida la "formación de su voluntad", tiene un formato inexcusablemente multilateral.

Entiéndase bien: el principio de multilateralidad no lleva implícito el de homogeneidad. No se trata de que todas las comunidades autónomas deban tener las mismas competencias ni de que las ejecuten de la misma manera o con iguales prioridades. Esto sería una negación del principio mismo de la autonomía. Es casi lo contrario: que cada una se dote de los Estatutos e instrumentos de gobierno que considere más adecuados a sus intereses, desde luego, pero que siempre quede a buen recaudo la garantía de los derechos básicos de los ciudadanos, sea cual sea su ubicación territorial. Es decir: que el carácter descentralizado del Estado tampoco implica la dejación de sus responsabilidades como garante de esos derechos con criterios de supraterritorialidad.

Dentro de esa función vertebradora del Estado es en donde se haya, ocupando un lugar preferente, el instrumental de la financiación de las comunidades autónomas que, como es lógico, tiene tanto la componente de atender a sus necesidades funcionales como la de promover la convergencia entre todas ellas en torno a los estándares económicos y sociales que van vinculados al desarrollo y al bienestar. Que cada Comunidad reciba según le pesen las necesidades y entre todas se cubran solidariamente los costes de la convergencia. Esa es la ley.

Y ojo con la interpretación que se haga de la inclusión del principio de solidaridad entre los criterios que rijan el sistema de financiación de las comunidades autónomas, porque no se trata de echarle un capote a las más pobres por un no se qué moral. No hablamos de limosnas, sino de la construcción de un espacio común con altos niveles de cohesión económica y social, el cual, a su vez, es base muy preciada para la existencia de una economía sólida, poderosa, capaz de hacer frente a los retos inmediatos o futuros, deviniendo en beneficios para todos, los más ricos y los menos. Las experiencias de la Unión Europea -sobre todo, en el funcionamiento de los Fondos Estructurales- y de la misma España, con el sistema vigente de Financiación de las Comunidades Autónomas, son prueba más que suficiente de lo que digo. No hace falta más escuela. Y no se habla, pues, de limosnas, como decía, sino de intereses. La solidaridad también rinde fruto para los que aportan.

Quizá el presidente del Gobierno se refiriese también a esto cuando pretendía resaltar su disponibilidad de una idea de España. Desde luego, es en estos términos de gestión multilateral de la comunidad de intereses cómo se afianza y refuerza el Estado de las Autonomías de España.