Conde-Pumpido exime de culpa a la Fiscalía sevillana en el 'caso Mari Luz'

La Fiscalía General del Estado ha dado carpetazo a la investigación abierta sobre la actuación de la Fiscalía sevillana en el caso de Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. Tras analizar la documentación remitida por la fiscal jefa sevillana, María José Segarra, y por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el fiscal general ha llegado a la conclusión de que la Fiscalía de Sevilla no cometió ninguna negligencia que pueda motivar la apertura de un expediente disciplinario.

La propuesta de extender a la fiscalía la investigación sobre la cadena de errores judiciales que permitieron a Del Valle estar en libertad pese a tener dos condenas firmes surgió del CGPJ. El órgano de control de los jueces centró su investigación en Rafael Tirado, el juez que dictó la sentencia contra Del Valle por abusar de su hija pero desatendió la ejecución de la misma. No obstante, el CGPJ consideró necesario investigar también si el Ministerio Público debía asumir parte de culpa por no haber controlado la situación del pederasta.

Sin embargo, según informó ayer un portavoz de la Fiscalía sevillana, en declaraciones a la agencia Efe, el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, ha analizado la documentación y ha concluido que de ella "no se desprenden indicios objeto de un reproche disciplinario". En un documento remitido al departamento dirigido por Segarra, el fiscal general decreta el archivo de las diligencias abiertas contra la Fiscalía sevillana. Según Conde-Pumpido, la actuación de los fiscales de Sevilla "no puede tacharse de reprochable en el ámbito funcional del Ministerio Fiscal".

En opinión de la Fiscalía General, los errores judiciales de este caso son sólo achacables a la Audiencia Provincial de Sevilla y al juez. A la Audiencia, por su "demora" de más de dos años en la resolución de la apelación de la defensa de Del Valle sobre la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla (del que es titular Tirado). La culpa es también imputable al juez, según el fiscal general, por el "retraso" en la ejecución efectiva de la sentencia, que fue ratificada en enero de 2006, pero no se ejecutó.

El juez Rafael Tirado aseguró el día después de que se conocieran los errores judiciales que su Juzgado preguntó en octubre de 2007 a la Fiscalía si debía encarcelar a Del Valle, pero que ésta nunca respondió. La fiscal jefe, por su parte, sostiene que el Juzgado de Tirado no le preguntó sobre el pederasta hasta el pasado 7 de marzo y que la Fiscalía respondió 10 días después.

Por otro lado, la Fiscalía General también ha argumentado su decisión de archivar las diligencias en la ausencia de un sistema informático que permita la comunicación entre todos los juzgados o entre estos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta herramienta impediría que un delincuente que esté siendo buscado por un juez pueda estar, "al propio tiempo e impunemente", realizando presentaciones periódicas en otro juzgado. Esto es lo que ocurrió con el caso del presunto asesino de Mari Luz, que en enero de 2007 consiguió la libertad por otro presunto caso de abuso a una menor con la condición de presentarse cada 15 días en los Juzgados de la provincia en la que residiera en cada momento. Del Valle cumplió con este trámite sin que ningún juez se percatara de que tenía una sentencia de dos años y ocho meses de cárcel pendiente de cumplir.

En su informe, el Ministerio Fiscal asegura también que se opuso al criterio del Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla, que, amparado en la falta de antecedentes firmes del pederasta, concedió la suspensión condicional de la pena de cárcel impuesta a Del Valle por abusos sexuales a otra niña. Esta actuación, según señalaron fuentes de la Fiscalía, no fue notificada al Ministerio Público.

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